La Asociación de Abogados Penalistas de Rosario pidió al gobernador Miguel Lifschitz que rechace la renuncia del ex fiscal Fernando Rodrigo, quien está acusado de intervenir ilegalmente teléfonos de su ex pareja. La entidad solicitó que se investigue si cometió un delito y, de ser así, que se lo exonere.

El integrante de esa entidad, Adrián Ruiz, consideró que esa dimisión le permitiría a Rodrigo "volver a la función pública ante una ausencia de una sanción administrativa. "Creemos que el procedimiento para darle más transparencia a la situación y conocer todo lo que tenemos que conocer tiene que llegar a la recta final. Y esto sólo se da con una resolución que absuelva a Rodrigo o lo exonere", sostuvo Ruiz.

En ese sentido, el letrado sostuvo que "la exoneración, si es que cometió el delito que se imputa, es la resolución justa. Esa resolución no permitirá que esta persona que cometió estas faltas por las que se lo investiga, pueda estar en la función pública", señaló Ruiz.

Exigen pronunciamiento

Ruiz también reclamó un pronunciamiento fuerte de parte del Colegio de Abogados de Rosario.

"Pedimos un pronunciamiento de esta entidad colegiada porque hubo un procedimiento de intervención ilegal de los teléfonos de colegas y creemos que esto ha afectado el libre ejercicio profesional", sostuvo el letrado y representante de los penalistas.

Sin medias tintas, dijo que "están en juego las instituciones. Una de las patas de las instituciones es la investigación que hace el Estado, que de acuerdo a nuestra legislación la debe realizar el Ministerio Público de la Acusación. Para que esta investigación no recaiga sobre personas inocentes que no deben sufrir una investigación penal, debe ser controlada", dijo el abogado penalista.

En tal sentido, subrayó que "todos los ciudadanos tienen que tener inmunidad contra persecuciones arbitrarias. Si no tenemos un órgano de control, se pueden dar estas situaciones. Los ciudadanos perdemos nuestra inmunidad ante un fiscal que arbitrariamente decidió ir contra ciudadanos", aseguró.

El fiscal Fernando Rodrigo fue suspendido preventivamente en sus funciones tras ser denunciado por haber ordenado escuchas telefónicas a tres abogadas, entre las cuales está su ex pareja.

La decisión fue tomada por el fiscal General de la provincia, Jorge Baclini, al hacer lugar a un pedido formulado por la auditora del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich.

Según indicaron voceros de la Fiscalía, la suspensión de Rodrigo se extenderá por el plazo legal o "hasta tanto se disponga el levantamiento de la medida en relación a denuncia que involucra a Rodrigo respecto a escuchas telefónicas irregulares en el marco de diversas investigaciones que llevaba adelante".

No obstante el fiscal Rodrigo presentó posteriormente su renuncia, hecho que le permitiría evitar un jury y de ser hallado culpable la exoneración. La dimisión deberá ser aceptada por el gobernador a través de un decreto.