La ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, Claudia Balagué, fue blanco de un ataque en redes sociales perpetrado desde cuentas identificadas como trolls por el gobierno provincial en relación al tratamiento de la desaparición de Santiago Maldonado en escuelas públicas.

La polémica desatada entre Ctera, gremio que agrupa a los docentes de todo el país, y el gobierno nacional por la difusión de un cuadernillo sobre cómo abordar el caso Santiago Maldonado en escuelas de nivel inicial y primaria del país, llegó con rapidez a las redes sociales y desató todo tipo de opiniones entre los usuarios.

Una de las figuras políticas afectadas en Twitter fue la ministra de educación Claudia Balagué, a quien se la atribuyó haber pedido “tomar asistencia por Maldonado en las aulas” a los docentes y autoridades escolares de Santa Fe.

“Detectamos en Twitter un mensaje falso, con declaraciones que la ministra Balagué no había realizado y que se compartía de a decenas por segundo, junto con comentarios agraviantes”, explicó Oscar Di Paolo, secretario de Educación provincial.

Di Paolo relató que la alarma surgió del "sistema de monitoreo del gobierno, que detectó que se trataba de un ataque cibernético, de lo que comúnmente llamamos trolls. Se detectaron las cuentas de origen y las que dinamizaron esa publicación; cuentas que no pertenecen a personas que se puedan identificar, como ocurre con cualquier usuario común de redes sociales, y la mayoría de ellas radicadas en Buenos Aires”.

El sistema al que hace mención Di Paolo funciona de la siguiente manera: a través de una escucha permanente de la conversación en redes sociales en base a temas y personalidades de interés para el gobierno de Santa Fe, se lleva a cabo un monitoreo activo. El servicio se nutre por medio de una API conectada a aplicaciones como Twitter (y otras plataformas digitales) y en caso de detectar alguna actividad inusual como picos de menciones más altos de los habituales emite un alerta que permite constatar desde qué cuentas se establece la conversación y dónde se ubican.

Esta herramienta le permite, en este caso, al gobierno de Santa Fe salir a desmentir si fuera necesario lo que se está tratando de instalar en redes sociales. 

Las menciones normales para un funcionario de una cartera como educación –advierte la fuente reservada–, de exposición baja o media, son de mil por mes promedio y sólo el día 30 de agosto, con la polémica instalada alrededor de la desaparición de Santiago Maldonado y su tratamiento en las escuelas públicas, Balagué pasó las 1.400.

El uso de call centers y granjas de bots (software que efectúa tareas simples y repetitivas de forma automática) para influir en redes sociales e instalar temas de discusión en la agenda pública y medios de comunicación es un fenómeno que crece en todo el mundo. Un estudio de 2017 de la Universidad de Oxford identificó al gobierno argentino como una de las administraciones democráticas de occidente que aplica este tipo de prácticas en redes sociales.