El Senado insistió con el proyecto de Lisandro Enrico (UCR-General López) para reformar el Código Procesal Penal de la provincia. La iniciativa ya había recibido media sanción el año pasado y había pasado a Diputados que recién la aprobó a principios de 2017, aunque introduciéndole muchas modificaciones. Más allá de la media sanción que recibió este jueves el proyecto, la reforma está absolutamente trababa y varios legisladores estiman que dormirá en las comisiones de la Cámara de Diputados (que necesitaría dos tercios de los votos para poder imponer sus reformas) hasta que pierda estado parlamentario en mayo de 2018.

La opción para avanzar en un tema que algunos –entre los que se encuentra el gobernador– consideran clave para resolver los problemas de inseguridad, es armar un nuevo proyecto de ley. Los mismos legisladores que se sientan en la mesa chica para discutir el tema reconocen que la salida podría ser que el nuevo texto se base en el dictamen que había tenido media sanción en Diputados más algunas modificaciones de los senadores. En el mientras tanto, la discusión pasa por quién paga el costo político, si los diputados o los senadores y Enrico lo dijo con todas las letras cuando se aprobó la media sanción del Senado: "Ahora la pelota la tienen los diputados". Enrico explicó que con su proyecto se busca darle mayor protección a las víctimas, restringir las libertades extendiendo los plazos de las prisiones preventivas. "La sociedad está esperando que los legisladores voten cambios en las leyes penales porque hay mucha impunidad, porque la justicia es una puerta giratoria, porque hay personas que tienen siete, diez causas penales y siguen en libertad, entonces las leyes tienen que cambiar", sostuvo. Entre los cambios que el Senado le introdujo al proyecto original que envió el gobernador a la Legislatura se cuentan los siguientes: se aumentan los días de detención de las personas que cometieron delitos, se dan más derechos a las víctimas a través de que sean querellantes para que puedan pedir medidas en el juicio, se amplían los plazos de la prisión preventiva, hay más restricciones para los juicios abreviados, se restringen los casos de libertad morigerada, se modifican las apelaciones, que la detención en flagrancia sea obligatoria y no opcional, entre otras.   "Todas las modificaciones van en el mismo sentido. Es una ley penal más estricta para quien delinque", concluyó Enrico.   Sin embargo, esas modificaciones ya fueron rechazadas en la Cámara baja y ahora sucederá lo mismo por lo que el tema no llegará al recinto. El proyecto, tal cual como se votó este jueves en el Senado, no será aprobado en Diputados. Además, en un contexto preelectoral habrá poco tiempo para el debate parlamentario, lo que reduce las chances de llegar a un consenso antes de mayo de 2018, fecha en la que habrá que hacer borrón y cuenta nueva.