La conflictiva licitación de la autopista Rosario-Santa Fe a una empresa privada culminará este viernes 30 de junio y desde entonces la provincia reestatizará el mantenimiento y el cobro del peaje de la traza.

El Ministro de Gobierno de Santa Fe, Pablo Farías, detalló el anuncio este jueves por la tarde y precisó que la modalidad de gestión se hará a través de un fideicomiso administrado por el Banco Municipal de Rosario, tal cual había trascendido, tras la caída del proceso de licitación donde se había presentado un solo oferente.

“Vamos a retomar la administración que significa que la provincia se hará cargo en forma directa del mantenimiento, repavimentación y la puesta en valor del corredor íntegramente”, aseguró el funcionario y dijo que eso se hará bajo la supervisión de Vialidad provincial.

Farías señaló que se mantendrá “el actual sistema de cobro de peajes, como una forma de reforzar los ingresos que son necesarios para el mantenimiento de la vía”.

“Estamos próximos a que finalice la actual etapa con el concesionario (Arssa) que precariamente se está haciendo cargo de la gestión del corredor”, sostuvo y recordó que vence este 30 de junio.

La creación de un fideicomiso permitirá mantener a los trabajadores bajo la misma modalidad y, a la vez, “seguir percibiendo los peajes en la vía con el mismo precio y por supuesto se mantienen las fuentes de trabajo, tanto las vinculadas al cobro de peajes como en el mantenimiento”.

El plazo de fideicomiso presentado este jueves en Rosario es de un año con la posibilidad de prórroga por un año más. En paralelo, la provincia comenzó a realizar las obras de reparación de la autopista estimadas en 2.000 millones de pesos.

La concesión con Arssa se había rescindido en diciembre de 2016 pese a que el contrato de la empresa se vencía recién en 2020. Se anticipó por incumplimientos de obras de parte de la empresa. Sin embargo, la Casa Gris la había habilitado a continuar con el mantenimiento de la traza por 6 ó 12 meses más. En abril de este año el gobernador ordenó revisar aquella decisión de “extinción por mutuo acuerdo” por posibles pérdidas para el Estado provincial.