La decisión del gobernador de Corrientes Ricardo Colombi de pedir una investigación contra el juez federal de Reconquista que hace 20 días ordenó un operativo antidrogas en Goya, que despertó la ira del mandatario, es un capítulo más de un denso entramado de coberturas recíprocas entre políticos, empresarios y funcionarios judiciales en esa provincia. Tres órganos de la Procuraduría General de la Nación acumulan una decena de expedientes que desnudan maniobras para tumbar causas sobre ilícitos denunciados en tribunales y garantizar la impunidad en causas con funcionarios públicos implicados. Entre los investigados está Colombi.

El pasado 21 de diciembre el juez federal Aldo Alurralde ordenó a la policía santafesina detener en la ciudad correntina de Goya a un grupo de individuos a los que investigaba desde hacía seis meses por abastecer a distribuidores de marihuana de Reconquista. Al enterarse, Colombi se trasladó 240 kilómetros hasta donde se hacían los operativos. Consideró que era una intromisión inaceptable en su territorio e intentó que el jefe antinarcóticos santafesino, José Mario Moyano, desafectara a los testigos. Moyano terminó detenido por policías correntinos durante seis horas.

Tras los incidentes Alurralde instruyó al fiscal federal Carlos Bruno a abrir un expediente para definir si el gobernador incurrió con su conducta en un delito de acción pública. Colombi elevó la apuesta anunciando que analiza denunciar al juez en el Consejo de la Magistratura.

Tejido

Todo esto ocurre en el marco de una pesquisa profunda llevada adelante por fiscales de las procuradurías de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), de Narcocriminalidad (Procunar) y Anti Corrupción (PAI) sobre una malla de amparo institucional a imputados por delitos económicos. En esa pesquisa el propio Colombi es uno de los principales investigados. También está bajo la lupa el juez federal Nº 1 de Corrientes Carlos Soto Dávila, justamente quien recibió el exhorto de Alurralde para el operativo en Goya. Soto Dávila está observado por conceder excarcelaciones incomprensibles a acusados por narcotráfico a quienes previamente les dicta prisión preventiva, lo cual hace presumir a los fiscales que hay negociaciones ilícitas.

Lo que está bajo análisis es cómo una persona, que según los fiscales sería Colombi, conversa con José María Viero, un ex comandante general de Gendarmería procesado por trata de personas con llegada en el Congreso de la Nación, para lograr en el Senado nacional el acuerdo como juez federal en Paso de los Libres de Gustavo Fresneda, quien fue secretario penal en el juzgado de Soto Dávila.

Si hubiese sido designado, a Fresneda le habría tocado actuar en la causa en la que está no sólo procesado Viero sino también el fiscal federal Benito Pont, que renunció a su cargo cuando se descubrió que daba cobertura a esa red de trata.

Lo que creen en la Procuración es que Viero operó con Colombi para elegir al juez que deberá actuar en la causa donde está procesado por trata de personas. Y que para ese juzgado proponían al secretario de Soto Dávila, quien cerró la causa donde Colombi aparecía comprando una mansión a precio vil. Se presume que la voz del audio interceptado es de Colombi. Lo que sí está probado es que la llamada se hizo desde la Secretaría Privada del gobernador en la Casa de Gobierno de Corrientes.

Como secretario penal del juzgado federal Nº 1 de Corrientes, Fresneda intervino para desestimar la denuncia en una causa en la que la Afip señaló a Colombi por posible fraude fiscal y enriquecimiento ilícito. Su pliego para juez terminó paralizado por tener tres impugnaciones por mal desempeño en aquel cargo.

El 31 de noviembre

En julio pasado fiscales federales correntinos relanzaron ante la Procunar y la Procelac una denuncia contra Colombi por comprar mediante un testaferro, en 2006, una vivienda en la capital correntina pagando por ella un precio vil. Colombi era entonces diputado provincial. Y su presunto testaferro era el delegado del Pami en Corrientes, Hernán Laslo, quien resultó procesado por infracción a la ley penal tributaria, decisión convalidada por la Cámara Federal de Apelaciones correntina. Entre las notorias inconsistencias de la operación, se destacaba que el negocio se concretó un día inexistente en el calendario: el 31 de noviembre de 2006.

Ese hecho fue denunciado ante la Justicia Federal de Paso de los Libres por el periodista Hernán González Moreno, de 28 años, que el 2 de octubre de 2009 apareció muerto de un balazo en la cabeza en su auto Toyota Camry en una estancia de Goya. Fue tres días después de ampliar su denuncia con pruebas. Su muerte nunca fue esclarecida.

El fiscal que acusó al supuesto testaferro de Colombi era Pont, quien incluso llegó a pedir la indagatoria de Colombi. Pero en 2015 el fiscal requirió sorpresivamente el sobreseimiento del prestanombre, criterio que Soto Dávila aceptó pese a que la Cámara Federal admitió que había actuado como testaferro del ahora gobernador. Pont renunció a su cargo el 31 de mayo del año pasado al ser descubierto como miembro de una red de trata de personas con fines de comercio sexual en la ciudad de Itatí.

Trata y contrabando

El grupo al que se lo vinculó a Pont fue objeto de una investigación por contrabando de divisas y lavado de activos originado en la explotación sexual de doce mujeres en un hotel alojamiento y dos whiskerías de Itatí. El 6 de abril del año pasado hubo 14 allanamientos en Corrientes y Capital Federal contra objetivos del grupo entre los que figuraba Ricardo Gustavo Aguirre, dueño de una agencia de autos y procesado como partícipe de trata de personas para explotación sexual.

La asociación ilícita había creado firmas de recauchutado de neumáticos, de transporte de cargas y de exportación e importación de mercaderías a través de las cuales introducían al mercado legal la ganancia generada por la trata de personas. Los imputados, según la Procelac, llevaban pesos argentinos a la ciudad brasileña de Uruguayana donde los cambiaban por reales y luego por dólares para finalmente llevarlos a una financiera de la ciudad de Buenos Aires, Dakota Group, donde se negociaban por otras divisas. Todo ello se hacía para encubrir el origen delictivo de los activos, a través de aportes de capital para constituir sociedades, desarrollos inmobiliarios y compraventa de inmuebles.

De modo inesperado la Cámara Federal de Corrientes dejó libre a Aguirre, que estaba con prisión preventiva, con el argumento de que no entorpecería la investigación. Sin embargo, los informes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que actuó en el caso indicaban con datos rigurosos que este hombre ejerce influencia sobre personal de distintos organismos públicos como Gendarmería, Poder Judicial de la provincia en Paso de Los Libres y la capital correntina, con lo que podía frustrar las pesquisas. De hecho su principal protector era el fiscal federal Pont.

En una ocasión un oficial de la PSA de apellido Lencina se presentó ante la Procuraduría de Trata de Personas para manifestar que uno de sus oficiales le había dicho: "Che, me agarró Benito Pont, me encerró en su oficina y me pegó una apretada bárbara. Me dijo que (...) deje de joder con la causa de Aguirre que es amigo mío. Métanse ustedes con los avioncitos en el aeropuerto".

Gentileza   

La trama de influencias de Aguirre, que para la Procelac explica por qué lo han dejado libre, se corrobora con una conversación que mantuvo con la jueza comercial de Paso de los Libres Ana Gauna de Atencia. Según se captó en un diálogo telefónico, la magistrada le dijo a Aguirre: "Ya que vos tenés buena relación con el de Corrientes te pido como gentileza hacer un viaje y decirle que se dejen de jorobar, que si quieren mi cargo yo renuncio (...) pero con la condición que todo se cierre y se archive (...) Yo entrego el cargo pero te pido que negociemos para que esto se termine".

Para la Procelac eso demuestra el poderío de Aguirre, quien además fue socio comercial del fiscal Pont en 1987. Aguirre quedó libre imputado de evasión tributaria, lavado de activos, trata de personas y asociación ilícita. Tiene según los fiscales una enorme capacidad ante notorios influyentes del Poder Judicial. Se lo detecta en escuchas con su abogado anticipando que será excarcelado por la Cámara Federal y con un funcionario de ese órgano que le anticipa que le darán "una mano" en ese sentido.

Lo que está claro para la Procelac es que Pont, cuando aún era fiscal, también aportó para la impunidad de su cuñado, precisamente el ex gendarme Viero, dueño de hoteles donde se concretaba la explotación sexual.

También resaltan que al inicio de esa causa Pont amedrentó a efectivos de la PSA para que excluyeran de la investigación a su "amigo Aguirre".