Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), con una orden emitida por la Justicia santafesina, aprehendieron a cuatro mujeres, docentes y no docentes, en el marco de una investigación penal que llevaron adelante desde el mes de abril los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) María Laura Martí y Roberto Apullán, que provisoriamente fue caratulada "defraudación al erario público". Las mujeres, que cuentan entre 40 y 50 años, apresadas habrían cobrado alrededor de 300 reemplazos que nunca se hicieron. En los meses de marzo y de abril de 2016, una directora de escuela observó la sustracción de las claves al sistema informático y acto seguido comprobó que en la información sobre el personal escolar figuraban personas que hicieron reemplazos que nunca fueron realizados en dicha institución. Los reemplazos estaban asignados sobre licencias con goce de sueldo, sin que las personas afectadas hubieran sostenido tal condición. Los responsables de ese establecimiento educativo adonde se observaron las anomalías, denunciaron el suceso ante el Ministerio de Educación provincial. Las autoridades comenzaron una investigación para auditar la situación denunciada en un establecimiento educacional de la capital santafesina y descubrieron que había por lo menos 11 agentes que fueron designados en reemplazos de personal escolar y no docente, siendo que los titulares cumplieron normalmente con sus funciones. Pero, también quedó al descubierto que esos reemplazos fueron pagados por el Estado. La auditoría interna del Area de Recursos Humanos del Ministerio de Educación provincial detectó que los mismos nombres encontrados por las autoridades del establecimiento educacional que hicieron la denuncia, fueron hallados en otras 26 escuelas, con funciones docentes y no docentes, sin contar con títulos habilitantes para el desarrollo de esas labores. Además, y como corolario de toda la investigación, surgió que siempre fue usada la misma clave de acceso del Ministerio de Educación para urdir la maniobra fraudulenta, y que es la que fue robada en la escuela cuyos directivos denunciaron el suceso ante las autoridades ministeriales. Con toda la información colectada, las autoridades del Ministerio de Educación provincial, denunciaron el suceso ante los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, María Laura Martí y Roberto Apullán, que iniciaron la investigación y trabajaron durante seis meses con los pesquisas del área informática de la Policía de Investigaciones (PDI), tras lo cual fueron aprehendidas cuatro mujeres directamente involucradas en las maniobras de "defraudación al erario público" originadas en reemplazos en escuelas públicas.