La jueza Mónica Lamperti aceptó al gobierno santafesino como querellante en la megacausa por fraudes inmobiliarios. Esto le permitirá a la administración de Miguel Lifschitz, a través de la Fiscalía de Estado, participar activamente en la investigación bajo un rol acusador y a la par del Ministerio Público de la Acusación. El dictamen, con escasos precedentes jurídicos, será apelado por la mayoría de las defensas de los once imputados.

La decisión fue dada a conocer a las partes sin la presencia de los imputados cinco días después de que el procurador general Juan Carlos Carbone expusiera, en una extensa audiencia del viernes pasado, sus motivos para pedir que la provincia sea querellante en la causa. El planteo fue apoyado por los fiscales de Delitos Complejos y Económicos Sebastián Narvaja y Valeria Haurigot, mientras que la mayoría de las defensas se opusieron de manera enérgica.

Además del pedido de la provincia, Lamperti también hizo lugar a la pretensión del inversor Juan Ignacio Borghi de ser querellante contra el empresario Jorge Oneto, a quien acusa de haberlo estafado con la venta de un campo de Villa Amelia despojado a su dueña mediante un poder apócrifo y sometido a una cadena de ventas.

Oneto es uno de los nueve acusados que están en prisión preventiva. Los otros son el vendedor de autos Juan Aymo, su esposa Ramona Rodríguez (con arresto domiciliario) y su chofer Jonathan Zárate; el sindicalista Maximiliano González de Gaetano; los empresarios Leandro David Pérez y Marcelo Basilio Jaef y los escribanos Eduardo Martín Torres y Juan Bautista Aliau (también bajo prisión domiciliaria por razones psiquiátricas). En libertad están el empresario Pablo Abdala y el escribano Luis María Kurtzemann.

En la causa se investigan siete hechos de ventas y transferencias de inmuebles despojados a sus dueños. Según la Fiscalía, las maniobras consistían en apropiarse de los inmuebles mediante poderes falsos para, con el uso de documentos apócrifos, generar luego una cadena de ventas y reingresar las propiedades al mercado inmobiliario con apariencia de legalidad.

Orden público

Al aceptar a la provincia como querellante la magistrada respaldó la mayoría de los argumentos del procurador y respondió a las críticas de las defensas.

La provincia había reclamado intervenir con un rol acusador en este proceso al entender que se vieron afectados bienes jurídicos como la propiedad, el orden público, la fe pública y el orden económico y financiero. Otro argumento planteado es que los negocios inmobiliarios se realizan mediante registros públicos y que la desaparición de un legajo del Registro de la Propiedad reactiva el interés del Estado de investigar lo ocurrido.

Una de las objeciones contra ese planteo señalaba que la Fiscalía de Estado, como órgano público, carece de legitimación y personería para ser querellante porque esta es una actividad no expresada en su normativa. Para Lamperti, esa cuestión formal puede salvarse porque la entidad presentó un poder que cumpliría con esos requisitos. Si bien admitió que no hay una norma específica sobre el asunto, consideró que ese vacío se complementa con la Constitución provincial y las leyes que regulan la actividad de la Fiscalía. Por último, consideró que las instrucciones impartidas por el gobernador salvarían la ausencia de una norma.

Jurisprudencia

Con respecto a la afectación al sistema republicano de gobierno, otro aspecto también cuestionado por las defensas, señaló que existe jurisprudencia en un fallo de la Corte Suprema de la Nación y el fallo Monzón de la Corte provincial. En este último caso se admitió a la empresa Terminal 6 como querellante contra dos sindicalistas sometidos a un proceso penal de usurpación. Es decir, la terminal portuaria fue admitida pese a tratarse de una persona jurídica y no una persona física. Esto, para la provincia, avala el planteo de que "una persona jurídica puede ser querellante en un proceso criminal", algo que Lamperti respaldó.

Luego de su exposición, y ante preguntas puntuales de los defensores, la jueza aclaró que la actividad querellante fue admitida respecto de los primeros seis hechos adjudicados al grupo y no sobre imputaciones más recientes. Por ejemplo las del martes pasado, cuando seis implicados fueron acusados de otros delitos como tenencia ilegal de arma de fuego y una séptima estafa a uno de ellos. Para intervenir en estos nuevos legajos la provincia deberá —si lo pretende— realizar nuevamente el trámite para ser admitida como querellante en esas causas recientes.

En tanto, la magistrada otorgó un plazo de diez días para que los representantes del Estado santafesino aclaren y detallen cuáles fueron las "instrucciones precisas" del gobernador Miguel Lifschitz mencionadas en el primer escrito que presentó la Fiscalía de Estado al anunciar su pretensión de querellar.

Intromisión

La decisión de la jueza fue cuestionada por la mayoría de los defensores. Sólo el abogado de Abdala se había manifestado a favor de sumar al Ejecutivo al litigio. El resto considera un hecho inédito de intromisión en la división de poderes, que avanza por encima de los particulares afectados por las presuntas estafas y sin una autorización normativa que avale a la Fiscalía de Estado a ser querellante. Son argumentos que reiterarán en la audiencia de apelación, con fecha a definir.

Con este nuevo actor incorporado al proceso penal las partes volverán a encontrarse en las próximas horas para conocer la decisión del camarista Daniel Acosta sobre las prisiones preventivas que cumplen nueve acusados —vencen el lunes próximo— y sobre la calificación legal. Deberá pronunciarse sobre las figuras controvertidas de asociación ilícita y lavado de activos que los abogados discutieron hasta el cansancio en la audiencia del miércoles pasado.