Por orden del gobernador Antonio Bonfatti, la Fiscalía de Estado, a cargo de Pablo Saccone, presentó una denuncia penal contra los policías que encabezaron una revuelta contra las autoridades provinciales portando las armas reglamentarias.

En el texto puesto a consideración del fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, se señala que los integrantes de las fuerzas de seguridad "en su carácter de coautores, cómplices, determinadores e instigadores, y que como funcionarios públicos o particulares hayan participado criminalmente en su perpetración por los delitos de coacciones calificadas, asociación ilícita agravada, atentado al orden público, sedición, violación de los deberes de los funcionarios cometidos contra la libertad, el orden público, los poderes públicos y la administración pública, en concurso formal".

Asimismo, indica que los policías que "se encuentran armados y en estado deliberativo, sin prestar sus funciones específicas, con el confesado propósito de obtener beneficios salariales, exigiendo con dicha exhibición de fuerza al Gobierno de la Provincia de Santa Fe una mejora en sus sueldos, bajo la amenaza cierta de incumplir con sus obligaciones en pleno conocimiento que tales omisiones permitirán la comisión de múltiples delitos por parte de otras personas, aprovechando esa inactividad prevencional".

En el escrito, al que tuvo acceso en exclusiva La Capital, se señala que "la merma de la seguridad policial trae como consecuencia necesaria la posibilidad cierta de que la delincuencia pueda operar libremente y a sus anchas, poniendo en riesgo la vida, la salud, la propiedad y cualquier otro bien jurídico que esté tutelado por el Código Penal a merced de dichas personas, cuyo accionar ilícito no tendrá límites, generando ya en la población un temor cierto a la vulnerabilidad de la seguridad común, afectando el orden público".

Además, añade: "La movilización de personal perteneciente a las fuerzas de seguridad que portan armas de fuego, haciendo ostentación de las mismas en circunstancias extrañas al servicio y en tren de arrancarle medidas al poder público, importa naturalmente un alzamiento contra tales poderes provinciales, accionar que está severamente reprimido por la ley penal argentina, a lo cual cabe señalar que se trata de un accionar que no está limitado a la Provincia de Santa Fe, sino que se ha extendido por todo el país, poniendo en riesgo la vigencia de las instituciones de la República y de la Constitución Nacional".

"Ello, habida cuenta que los policías son garantes de la vida, la libertad y la propiedad de todos los habitantes de la Nación Argentina y en miras de ese exclusivo fin son armados por la provincia, y se encuentran vulnerando ese mandato con un reclamo que necesariamente debe encausarse por otras vías de solución, y no a costa de incumplir deliberadamente con sus funciones, habida cuenta que su eventual omisión de actuar cuando deben hacerlo, los convierte en partícipes en la producción de los hechos delictivos que como su consecuencia se produzcan, ya sea como determinadores o partícipes necesarios", explica.

Por todo lo expuesto, se formula "una denuncia penal contra el personal policial armado que se encuentra en estado deliberativo sin responder a sus mandos, cometiendo los hechos anoticiados, y contra todos aquellos que como coautores, cómplices, determinadores o instigados hayan participado criminalmente.

Fuente: La Capital