Leonardo Fariña, convertido en una figura central de la causa por la llamada "ruta del dinero K" tras hacer una extensa confesión en la que salpicó a numerosas personas, fue excarcelado  por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que lo tenía preso desde hace dos años por evasión impositiva agravada.

Según indicaron fuentes judiciales, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que hace unas semanas había decidido prorrogar su prisión preventiva hasta el juicio oral, resolvió ahora hacer lugar al pedido de la defensa para excarcelarlo.

La resolución fue comunicada al juez federal Sebastián Casanello, que deberá coordinar con el Ministerio de Justicia de la Nación los pasos a seguir para mantener a Fariña, ahora libre, dentro del programa de Protección de Testigos al que se acogió.

Fariña estaba preso desde 2014 por la presunta evasión de 4.620.000 pesos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) del ejercicio anual 2010 y la presunta evasión del pago del Impuesto a las Ganancias por $7.700.000 del período fiscal 2010.

Esos impuestos surgían de la compra de un campo que está siendo investigado en el marco de la causa de la "ruta del dinero".

El lunes la abogada Giselle Robles había pedido la libertad de su cliente, preso hace dos años en Ezeiza, porque ya no había riesgo de fuga debido a que, tras la confesión que brindó el viernes en la causa por presunto lavado de dinero en la que está preso Lázaro Báez, ahora es vigilado por el Ministerio de Justicia.

El viernes Fariña declaró doce horas ante Casanello, que lo tiene procesado (pero sin prisión preventiva) por la presunta "ruta del dinero K". Dio detalles de las maniobras y fue devuelto a la cárcel de Ezeiza, donde fue alojado el Hospital Central Penitenciario, lugar en el que según su abogada se encontraba aislado durante 24 horas, monitoreado y filmado.

"La circunstancia de que Fariña haya sido aceptado dentro del 'Programa de protección de testigos e imputados' perteneciente al Ministerio de Justicia de la Nación, neutraliza el riesgo de fuga que ponderó el Tribunal en la resolución anterior", dijo la abogada.

El pedido de excarcelación (o al menos el otorgamiento de la prisión domiciliaria) lo hizo ante la Sala III de la Cámara de Casación Penal -que analizaba la prórroga de la prisión preventiva- y ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que someterá a juicio a Fariña.

La Sala III de Casación confirmó la prórroga de la preventiva, pero ahora el TOF de La Plata resolvió liberarlo.

El TOF 1 debería haber resuelto el trámite el martes, porque tiene un plazo de 24 horas para pronunciarse, pero el juez Carlos Rozanski se excusó y la definición se demoró hasta este miércoles.

En los fundamentos de su presentación, la defensora de Fariña recalcó el trato "inhumano" al que estaba siendo sometido y la necesidad de un contacto fluido con sus abogados, pero además subrayó: Fariña "corre riesgo de vida en un penal".

El fiscal Carlos Dulau Dumm se opuso a la solicitud, pero los jueces tuvieron otro criterio.

El juez Germán Castelli dijo que "la prisión preventiva rigurosa dispuesta por este Tribunal, y homologada por el órgano casatorio, resulta incompatible con la correcta implementación del Programa de protección de testigos e imputados, al que se acogió Jorge Leonardo Fariña".

Y recordó que "dicho Programa ha sido creado por el legislador argentino para satisfacer responsable y eficazmente situaciones de la naturaleza bajo estudio".

"Entiendo que corresponde priorizar la decisión del titular del Juzgado Federal nº 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien, en pleno proceso de investigación y por sus razones, dispuso incorporar al imputado Fariña en dicho Programa, lo que fue aceptado por el Poder Ejecutivo Nacional. Es que, por su propia esencia, la citada protección importa una sujeción voluntaria del inculpado y un control estatal personal eficaz, que aquí disipan los riesgos procesales enunciados al mantener la mencionada medida de coerción personal", sostuvo.

El juez Jorge Aníbal Michelli (reemplazo de Rozanski) señaló que "la inclusión del encausado dentro del plan de protección al testigo enerva las posibilidades elusivas que, en su momento pudieron dar fundamento a la prórroga de la prisión preventiva", mientras que su colega César Álvarez opinó en minoría que correspondía "la detención domiciliaria del imputado", con una pulsera electrónica, como había propuesto el fiscal.