La Cámara de Diputados provincial ya cuenta con un proyecto de reforma, dentro del Código Procesal Penal, de los requisitos para la realización de juicios abreviados. "Al no tener ningún límite legal previsto, existe un uso y abuso de este procedimiento. Lo que debería ser la excepción, derivó en regla y es síntoma de un sistema colapsado", explicó el autor de la iniciativa, Rodrigo López Molina (Unión PRO). El detonante de la propuesta, en base a cifras oficiales de la provincia, es que entre 2014 y 2015 hubo 1.442 acuerdos reducidos contra tan sólo 26 procesos orales.

Para López Molina, "el fallido acuerdo con la banda —ligada al narcotráfico— de Los Monos (2015) encendió una luz de alarma sobre los riesgos de un procedimiento que se convirtió en el principal método para resolver casos en el nuevo modelo de enjuiciamiento de delitos santafesinos".

El diputado macrista recordó que las cifras oficiales de la provincia revelan que, entre 2014 y 2015, se celebraron 1.442 acuerdos abreviados contra tan sólo 26 juicios orales.

En esa línea, el legislador hizo hincapié en que en la provincia el juicio abreviado "no tiene limitación alguna respecto de la causa sobre la cuál debe acordarse".

"Al no tener ningún límite legal previsto, existe un uso y abuso del procedimiento abreviado. Lo que debería ser la excepción, derivó en regla", enfatizó a La Capital acerca del recurso que, en Santa Fe, entró en vigencia el 10 de febrero de 2014.

El proyecto que acaba de ingresar a la Cámara baja santafesina fija como requisitos del acuerdo abreviado que el delito se castigue con una pena privativa de libertad que no exceda los seis años.

Además, no deben estar involucrados funcionarios públicos ni la causa penal en cuestión tiene que ser considerada de interés general.

Asimismo, la propuesta considera "prudente afectar determinadas temáticas a la exigencia ineludible del juicio oral", entre ellas "narcotráfico, violencia de género o cuando la(s) víctima(s) fueran menores" de edad.

El texto también advierte que "no se ha respetado la conclusión arribada en el XIX Congreso Nacional de Derecho Procesal (1997): el juicio abreviado debe constituir un instrumento excepcional y sólo por razones debidamente fundadas permitirá llegar a la decisión final del conflicto sin transitar por todas las etapas del proceso común".

"El juicio abreviado actual distorsiona el tratamiento de casos graves, que deben ser juzgados en audiencias públicas. La criminalidad peligrosa y la menor requieren soluciones procesales distintas", advirtió López Molina.

Según la iniciativa, que también impulsa cambios en los roles del juez y de la víctima (ver aparte), "los acuerdos no deben aplicarse en delitos graves, que demandan un proceso debido en donde la acción penal sea no negociable". Y resalta que "muchos países, incluso provincias de la Argentina, han limitado su utilización para causas menores con penas de mínima cuantía".

Según el diputado, el procedimiento abreviado, "más allá de que tal vez haya llegado para ayudar a descomprimir el congestionado sistema procesal penal, suprime el momento del contradictorio que hace a la médula del debate, única vía para conformar un juicio respetuoso del debido proceso".

"Recurrir de manera reiterada a procedimientos abreviados es el síntoma de un sistema de Justicia Penal colapsado por falta de recursos económicos, materiales y humanos", enfatizó el legislador.

El proyecto destaca que , "tal como está regulado, el procedimiento abreviado encuentra su plataforma de despegue en el congestionamiento del sistema judicial, no apreciando otros argumentos de peso" que ameriten su mantenimiento en las actuales condiciones.

Si bien López Molina aclaró que existe una "valoración positiva" del juicio abreviado, insistió en la necesidad de promover una reforma con el objetivo de "evitar distorsiones y malas utilizaciones".

"Nuestras propuestas perfeccionan la herramienta con el objetivo de mejorar la administración de justicia y no consagrar impunidad", concluyó el diputado.

Casos testigo que abonan las dudas

“Venimos cuestionando fuertemente la utilización indiscriminada del juicio abreviado, no sólo en el caso de Guille Cantero y el homicidio de Diego Demarre sino en la débil condena a tres años y medio de quien disparó (Emanuel Ema Pimpi Sandoval) contra la casa del entonces gobernador (Antonio Bonfatti)”, advirtió el diputado provincial Rodrigo López Molina.   Respecto del atentado a la casa de Bonfatti, el legislador enfatizó: “Los santafesinos nos quedamos sin conocer las razones que motivaron ese ataque”.   Paralelamente, el proyecto del PRO estipula que, si existiera pluralidad de acusados, el juicio abreviado sólo se aplicaría con la conformidad de todos.   Del mismo modo, si el juez que interviene está en discordancia con la calificación legal del caso y requiere un mejor conocimiento de los hechos, tendrá la facultad de poder rechazar el acuerdo abreviado.

Otras experiencias

En las provincias de Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz, Misiones y Entre Ríos el juicio abreviado se permite entre los tres y ocho años respectivos en cada caso, según resalta el proyecto presentado por el PRO. Al respecto, le reforma propuesta para Santa Fe respeta los procedimientos penales de la Nación de seis años.