El ministro de Defensa, Julio Martínez, no descartó que el faltante de millones de municiones  en Fabricaciones Militares (FM) haya sido para abastecer a bandas  narcos o algún grupo paramilitar, al señalar que “es probable” que  ese material bélico tuviera como objetivo el mercado negro de armas.

De esta manera, Martínez se refirió a la auditoría realizada en la fábrica militar de Fray Luis Beltrán, donde se descubrió que desaparecieron millones de fulminantes para municiones, como también miles de proyectiles no registrados y lanzacohetes, espoletas, granadas lacrimógenas y productos químicos en condiciones irregulares.

“Es nuestra sospecha, es probable”, respondió el funcionario en diálogo con radio La Red cuando le preguntaron sobre las sospechas de que el faltante de esos suministros tuviera como fin el mercado negro de armas. Al respecto añadió: “Queremos que la Justicia vaya hasta las últimas consecuencias y avance sobre los culpables. Esto es preocupante, porque en el narcotráfico hay bandas delictivas que tienen municiones y armamento. No podemos permitir que el Estado sea una caja de provisión”.

Cuando en la entrevista le plantearon si ese faltante de material bélico puede haber ido a bandas narcos nacionales, a Brasil o a algún grupo paramilitar, Martínez contestó: “No descartamos  ninguna de esas posibilidades, no estamos en condiciones de  asegurarlo, pero por eso vamos a la Justicia para que se vaya hasta las  últimas consecuencias”.

“Todas esas hipótesis, ninguna la descartamos”, subrayó el jefe de la cartera castrense, quien anunció que el Gobierno  presentará una denuncia penal ante la Justicia federal luego de  confirmar en una auditoría faltante de municiones en Fray Luis Beltrán. En el relevamiento se comprobó el faltante de 9.133.620 fulminantes para pistolas 9 milímetros y 1.790.800 fulminantes para  fusiles FAL.

Los fulminantes son piezas únicas colocadas en el culote del cartucho que estallan y encienden la pólvora ante el golpe del  martillo del arma o percutor. Fabricaciones Militares estuvo conducida durante el último gobierno de Cristina Fernández por Santiago Rodríguez, un militante  de La Cámpora, quien además había designado a su mujer Bárbara  Grané como gerenta de comunicaciones del organismo y está acusada por  el presunto mal manejo de fondos públicos cuando ocupaba ese  cargo.

En la auditoría se encontraron también sin registrar 180.498 proyectiles de munición 9 milímetros y dentro de esta búsqueda unos  84.000 cartuchos fabricados en 2014, pero en cajas con fecha de  2015. Fueron hallados además 757.682 proyectiles sin anotar para FAL de 7,62 milímetros y Mauser de 7,65 milímetros.