El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió la declaración indagatoria del vicepresidente Amado Boudou por los domicilios falsos en el triplicado de su DNI y los  títulos de propiedad de varios vehículos, se informó hoy en los tribunales. El requerimiento fue presentado al juez federal Ariel Lijo, que ahora deberá resolver si hace lugar o no a la solicitud del  funcionario del Ministerio Público e incluyó una solicitud para que se  prohíba al vicepresidente salir del país luego del 10 de diciembre.   Según la investigación, Boudou habría inscripto un domicilio en el que nunca vivió: en la calle Zado 3231, barrio porteño de  Villa Urquiza, donde en verdad residía uno de sus ex custodios de la Policía Federal en la Ansés, que estuvo procesado por apremios ilegales. Otros domicilios que habría fraguado y figuran en otros DNI son en la dirección Berón de Astrada 2708, de esta ciudad, que es inexistente, y avenida Costanera 3365, localidad balnearia de San Bernardo, pero un equipo televisivo viajó hasta ese lugar y sólo encontró un médano.   Con esos documentos, el vicepresidente tramitó los títulos de propiedad de varios de sus vehículos, por ejemplo una cupé Honda CRX Del Sol modelo 1992, por la que irá a juicio oral, una moto  BMW R 1200 GS Adventure, una Harley Davidson, con la que se sacó varias fotografías, y un coche Audi. El delito imputado al vicepresidente es el de “falsificación de documentos públicos”, porque habrían consignado un domicilio  inexistente, y el Código Penal prevé condenas de uno a seis años de  prisión a quien “insertare en un instrumento público declaraciones  falsas”.   Boudou se ha convertido en el primer vicepresidente en funciones en ser procesado, hasta ahora en dos casos: por supuesta  corrupción en la apropiación de la imprenta Ciccone Calcográfica y por  la causa del coche Honda. Ayer el juez Lijo dio por cerrada la investigación por el escándalo Ciccone y se dispone a enviarlo a juicio oral, mientras que  su colega Norberto Oyarbide reapareció para citarlo a indagatoria  por el delito de dádivas para el próximo 15 de diciembre.   La causa Ciccone tiene además un desprendimiento en la justicia de Formosa: The Old Fund fue contratada por 7,8 millones de  pesos por el gobierno de esa provincia para asesor el refinanciamiento  de su deuda, y por ello el se solicitó la indagatoria del ex  vicepresidente y del gobernador Gildo Insfran.  Además afronta otras causas en las que se lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito, maniobras con fondos públicos para  un plan de viviendas, tráfico de influencias con su consultora  "Arcadia Advisors" y negociación incompatible en una licitación de  autos para el Ministerio de Economía, cuando dirigía esa cartera.