En el marco de la investigación que lleva adelante la jueza Irma Bilotta por la explosión en el edificio de Salta 2141 y en función de las diversas medidas que la Justicia está desarrollando, esta mañana se tomó declaración indagatoria a otro inspector de Litoral Gas, quien tras la misma se convirtió en un nuevo imputado en la causa.

Se trata de Pablo C., quien se presentó en dos ocasiones en el edificio siniestrado. La primera visita la realizó el 26 de julio pasado junto a su compañero Guillermo Sebastián O., indagado ayer en los Tribunales provinciales. Según relató, constataron que no había pérdidas de gas y rehabilitaron el servicio ese mismo día. Sin embargo, cuatro días antes de la trágica explosión, el imputado volvió al lugar del hecho. Esa vez fue para corroborar que no existían pérdidas.

El trabajador de Litoral Gas recibió las mismas imputaciones que el inspector indagado un día antes. Se lo acusó de rehabilitar el suministro de gas en condiciones no seguras, confirmaron fuentes judiciales.

En primera instancia, se los imputa de reestablecer el servicio sin requerir un informe detallado de los trabajos realizados previamente en el lugar y hacerlo sin la presencia de un gasista matriculado, como lo indica el reglamento. Además, se los acusa de omitir verificar la totalidad de las instalaciones y no realizar un control de todas las unidades habitacionales, controlando sólo que no hubiese pérdidas en el gabinete.

Finalmente, los inspectores quedaron imputados también por habilitar el suministro de gas aquel 26 de julio, contando el edificio con un solo regulador cuando la normativa especifica que, por razones de seguridad y teniendo en cuenta la cantidad de departamentos, cuando hay más de cinco medidores debe haber dos reguladores.

Al ser indagado por la jueza Bilotta y la fiscal Graciela Argüelles, Pablo C. alegó no entender de qué se lo acusa y si bien hizo su descargo relatando los hechos, se negó a responder preguntas y no ratificó la declaración informativa que ya había brindado en sede judicial.

Fuente: El Ciudadano