Representantes de los barrios Fisherton Industrial, Larrea, Municipal y Jardín fueron a la comisión de Seguridad del Concejo para poner sobre la mesa los problemas que atraviesa este vasto sector delimitado por Provincias Unidas, Circunvalación, Junín y Martínez Estrada. "No hay presencia policial constante, ni fija, ni móvil, ya que estamos en la periferia de las comisarías 20ª y 17ª, por lo tanto nos sentimos abandonados por las fuerzas de seguridad. En nuestros barrios la droga está creciendo rápidamente y el consumo en los jóvenes genera que se conviertan en ladrones de sus propios vecinos", explicó el párroco Juan Pablo Núñez, quien encabezó el reclamo en el Palacio Vasallo.

La populosa delegación vecinal incluyó a referentes barriales, consejeros del Presupuesto Participativo y al sacerdote de la parroquia Reina María (Méjico 1050 bis).

A la comisión de Seguridad acudieron su presidente Diego Giuliano, y los concejales Norma López, Osvaldo Miatello, Rodrigo López Molina y Miguel Cappiello.

En su exposición, el cura Núñez utilizó una pantalla gigante para graficar la zona y poner de relieve los problemas. Junín, Juan José Paso, Juan B. Justo y Sorrento son calles "de escape de delincuentes, por lo tanto nuestros barrios sufren muchos delitos de arrebatos", sentenció el religioso.

El párroco fue más allá y dijo: "Muchos me han visto salir de la parroquia con un machete en la mano porque sonaba la alarma. Calculo que por eso no me han robado, apenas me cortaron el alambrado. Mi tarea no es esta, pero a los lobos también hay que correrlos. Son decisiones de arrebatado. Frente a la inoperancia de las fuerzas de seguridad, hay que defenderse. Si hasta me robaron un perro".

En efecto, los vecinos admitieron sentirse abandonados por la policía y le entregaron copia a los ediles de una reciente selección de los últimos 50 robos sufridos en la zona en el último año y medio. Entre ellos se destacan los 17 atracos a la farmacia del barrio. También cayeron en manos de los delincuentes el Club María Reina, el centro de salud, y los directivos de las escuelas Chorroarín (con mil estudiantes diarios) y Paulo VI (donde acuden 1.200 alumnos). Como dato, a las maestras les robaron en su día, el pasado 11 de septiembre.

Al detallar el accionar policial, el grupo de vecinos se remitió a explicar que consiste en el envío de algún patrullero tras una denuncia y que los controles vehiculares que se realizan en este sector "son solamente para el enriquecimiento del Estado por medio de las multas".

"Se nos ríen". La denuncia más resonante tuvo que ver con los estupefacientes. "En nuestro barrio la droga en kioscos, búnkers y cocinas está creciendo rápidamente. Los ladrones se ríen en nuestras caras", sentenció el documento que el sacerdote Núñez leyó en voz alta.

A la hora de lo resolutivo, los concejales tomaron nota para comenzar a acompañar el reclamo: los vecinos solicitaron un destacamento policial (en Pasaje Toba, Méjico y Martínez Estrada), otro en Méjico y José Ingenieros, el ingreso de colectivos del transporte urbano de pasajeros (piden realizar un cambio del recorrido de las líneas de transporte 146 y 141), y el acceso de ambulancias. La problemática se complejiza, ya que a este cúmulo de barrios se agregarán otras 248 viviendas que están en construcción.

La comisión tiene previsto montar un Observatorio de Seguridad en las instalaciones de la Escuela Paulo VI para que los vecinos puedan ser escuchados por las autoridades policiales, representantes locales y provinciales del área de Seguridad, en función de que se canalicen estas demandas y controlar su cumplimiento. Al menos esa es la promesa que se llevaron tras ser escuchados en el Concejo.