Tras haber sido convocados oficialmente por el Concejo, los secretarios municipales Fernando Asegurado y Pablo Seghezzo irán al Palacio Vasallo el próximo 6 de octubre para responder sobre temas vinculados al polémico after La Tienda y la actividad nocturna. Los ediles de la oposición quieren explicaciones sobre varias cuestiones que les resultaron muy llamativas, según advirtieron en el expediente de habilitación. Entre otras cosas, el lugar se hallaba habilitado como un simple bar sin difusión musical y no tenía personal a cargo. Por otro lado, cuestionaron al Ejecutivo por no haber reglamentado el registro del personal de control de este tipo de locales.

La polémica sobre la noche rosarina se desató a partir de la desaparición del joven Gerardo Escobar, quien luego fue hallado muerto en el río. El muchacho había salido de La Tienda, en Tucumán al 1100, que luego fue clausurado. En este sentido, el edil del Partido del Progreso Social (PPS), Héctor Cavallero, recordó que el lugar fue cerrado “muchos días después” de la muerte de Escobar y enfatizó: “Estamos requiriendo que nos informen, que haya transparencia”, por lo que insistió en la necesidad de la presencia de Asegurado y Seghezzo, titulares de Gobierno y Control, respectivamente. La presencia de los funcionarios se concretará a partir de proyecto de los concejales Roberto Sukerman y Norma López, del Frente para la Victoria (FPV).    

En efecto, en la comisión de Labor Parlamentaria (realizada antes de la sesión del jueves del Palacio Vasallo) se había acordado que el martes próximo concurrirían ambos secretarios del Ejecutivo, pero luego Asegurado indicó que el encuentro será el 6 de octubre.

Sin embargo, Cavallero marcó: “Tendrían que haber venido antes” y reiteró que “hay contradicciones en el propio informe” de habilitación de La Tienda.

Luego, el referente del bloque Rosario Federal, Diego Giuliano, subrayó que “hay cuestiones que merecen ser aclaradas”.    Antes de 2010. Según los concejales opositores, entre los diferentes ítems que contiene el pedido de informes se menciona que “el bar se encuentra habilitado desde diciembre de 2010, mientras que existen pruebas que ese comercio, bajo el mismo nombre y en esa dirección, funcionaba desde años previos”.

Además, Cavallero y su par Lorena Giménez cuestionaron que “el local se hallaba habilitado como un simple bar sin difusión musical, pero en las actas de inspección se advierte que eso existía de hecho”. Por otro lado, calificaron como “sorprendente” que, según la documentación correspondiente, “no tenía personal a cargo”. Finalmente, ambos ediles recordaron que en las actas de la Guardia Urbana Municipal (GUM) “se comprueba no sólo la difusión musical, sino también la tergiversación de rubro”.

En otro orden, Sukerman solicitó a la Municipalidad que reglamente el llamado Padrón Unico del Personal que realiza tareas de vigilancia en locales nocturnos, conocidos como patovicas. “Si la Municipalidad hubiese tenido la voluntad, podría haber activado este registro adecuándose al régimen provincial y nacional y ser más estricta en las exigencias y controles”, cerró.