Si la cantidad de concursos y quiebras funciona como termómetro de la economía, podría decirse que en 2014 la fiebre había bajado momentáneamente. Sin embargo, en el primer semestre de 2015 volvió a subir. La cantidad de procesos iniciados en los tribunales rosarinos creció un 28% con respecto al mismo período del año anterior y se consolidó una situación preocupante: uno de cada tres expedientes es sobre empresas, lo que tiene mayor impacto económico y social.

Para el abogado Federico Tjor, integrante del Estudio Golber y Asociados, en la primera parte de 2015 “se conjugaron lo malo de 2014 y 2013”.

Por un lado, aumentó la cantidad de expedientes. En la primera mitad del año se registraron en la justicia provincial 116 concursos y quiebras: 77 corresponden a personas físicas y 39 a personas jurídicas. Esto representa un aumento de 28% con respecto a 2014, cuando se iniciaron 90, 61 de personas físicas y 29 de personas jurídicas.

Pero además, al igual que el año pasado, uno de cada tres procesos involucra a empresas, mientras que en 2013 eran uno de cada cinco los que estaban relacionados con firmas de la región.

En todos los casos, se cuentan los expedientes presentados entre febrero y junio —ya que la mitad de julio suele estar afectada a la feria judicial—y aquellos que ya tienen una sindicatura designada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario.

Como suelen resaltar los profesionales involucrados en este tipo de procesos judiciales, la relación entre la cantidad de concursos y quiebras y la situación económica no es lineal ni inmediata, pero existe.

Según Tjor, el aumento de la cantidad de concursos y quiebras durante la primera mitad del año se debe a una combinación de factores: “Hay una confluencia de la cuestión inflacionaria, junto a la presión tributaria, el tipo de cambio, la relación con Brasil y la imposibilidad de exportar por la devaluación del real”.

“Esto conlleva una gran carga para sociedades que no tienen espalda financiera para seguir esperando períodos mejores”, sostuvo.

Por su lado, la contadora María Soledad Zelada, socia de Rainoldi - Zelada & Asociados, destacó la influencia del costo salarial y la reducción del margen de la empresas. En este sentido, puso como ejemplo el caso del sector sanidad, cuya paritaria aún sigue abierta.

“Saben que las empresas no pueden afrontar el aumento y todavía no han podido sacar el acuerdo definitivo”, indicó.

Sectores. Aunque se registraron concursos y quiebras vinculados a distintos sectores de actividad, gastronomía y metalurgia concentraron la mayor cantidad d e casos.

Con respecto a metalurgia, se pidió el concurso de Ferro Aceros SRL y Metales Rosario SA y entraron en quiebra Metalúrgica Tengram SA, Méndez Hermanos SRL, Indametal SRL, Construgas SRL e Ivaldi Metalúrgica SRL. Para el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario, el ingenierio Claudio Mossuz, se trata de situaciones particulares de las empresas, aunque reconoció dificultades en el sector, sobre todo en las firmas vinculadas al autopartismo y la maquinaria agrícola. 

En cuanto a gastronomía y alimentación, se produjo el concurso preventivo de acreedores de Gastronómica Oeste SRL, Gastronómica Stylo SRL, alimentos El Toto SRL y la quiebra de Poet Catering SA y la parrilla Don Leo.

En el sector salud, se dictó la quiebra de Medilab y el concurso preventivo del Sanatorio Plaza, mientras que en el sector agrario, se avanzó en el concurso preventivo de Agro Delta.

Además, se produjo el concurso preventivo de la empresa de seguridad Bec Protection SRL y el pedido de quiebra de la compañía de higiene Servecol SRL y de CTD, dedicada a la logística.

Gestión. De acuerdo a los especialistas, más allá de los factores externos, existen también déficits en la de gestión de las compañías. En general el empresario “es bastante autosuficiente”, consideró Zelada. “Piensa que el asesoramiento tiene un costo que no va a poder afrontar, y el razonamiento debería ser al revés: el momento de menores recursos es el más indicado para contar con un asesor”, planteó.

Sin embargo, Tjor destacó que existen algunos casos en los cuales desde el sector empresario se busca asesoramiento en el aspecto contable, jurídico, organizacional y tributario. “No es la regla, hoy es la excepción, pero es un proceso que se va a revertir por la mayor competencia entre empresas y en épocas de vacas flacas no quieren desperdiciar los recursos escasos de las empresas”, evaluó.

Incertidumbre. De continuar la tendencia del primer semestre, proyectaron los especialistas, el 2015 cerrará en una cifra más cercana a los 270 expedientes de 2013 –el peor de los últimos cinco años- que a los 201 de 2014.

No obstante, caracterizaron los profesionales, se trata de un escenario “raro” por tratarse de un año electoral. “Esto influye en las empresas: por un lado existe una presión para mantener puestos de trabajo y por otro lado se fogonea el consumo”, sostuvo Tjor.

En tanto, Zelada destacó también “el plan de Afip para pequeñas y medianas empresas: muchas veces la pymes tiene mucha deuda impositiva, y ayuda poder pagar en diez años a tasa conveniente”, indicó. De todas maneras, señalaron que existen “expectativas positivas a futuro” pero dependen de cómo se resuelva el recambio político y el plan económico que ponga en marcha el nuevo gobierno.

En función de esto, afirmaron, el objetivo para la transición será defender posiciones o, directamente, sobrevivir: “Hay una serie de situaciones que no sabemos qué empresas van a estar en condiciones de de aprovecharlas o no, y cuáles van a quedar en el camino. Es una etapa de sentarse y esperar”, indicó Tjor.

Fuente: La Capital