Dilma Rousseff es la más rechazada entre los presidentes de Brasil elegidos por voto popular desde el fin de la dictadura militar en 1985. Su gobierno registró un rechazo de 71 por ciento en un sondeo de la encuestadora Datafolha difundido ayer. El nivel de rechazo subió seis puntos desde junio, mientras que el apoyo cayó de 10 por ciento a apenas 8 por ciento. En tanto, y con esta impopularidad de fondo, la oposición se apresta a intentar el "impeachmeant" de la presidenta en el Congreso, donde hay 13 pedidos presentados.

La evaluación del actual gobierno es incluso peor de las del ex presidente Fernando Collor de Mello en 1992, quien iba a ser destituido por el Congreso. Collor reunía entonces un 9 por ciento de apoyos y 68 por ciento de rechazos.Collor renunció poco antes de que el Congreso votara su destitución.

"Dilma, de esta forma, pasa a ser la presidente con la peor tasa de popularidad entre todos los electos directamente desde la redemocratización", destacó el sitio web del diario Folha de Sao Paulo, que pertenece al mismo grupo de Datafolha. Datafolha comenzó a hacer sondeos a nivel nacional durante el gobierno de Collor (1990-92), el primer mandatario electo por voto popular.

Su antecesor, José Sarney, asumió el poder en 1985 como vicepresidente de Tancredo Neves, quien falleció antes de tomar el poder y quien había sido elegido por el Congreso de forma indirecta después de 21 años de dictadura militar (1964-85). Sarney encabezó la transición a la democracia plena.

Rousseff asumió la presidencia de Brasil por segunda vez en enero de este año, en un escenario lleno de dificultades: baja popularidad, economía estancada y alza de la inflación; un Congreso más rebelde y en pleno desarrollo el peor escándalo de corrupción en la historia nacional, el de la gigante estatal Petrobras que ha alcanzado a altas figuras del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), y llevado a la cárcel tanto a políticos como potentes empresarios.

Una manifestación para pedir la salida de Dilma fue convocada para el 16 de agosto. En la encuesta de Datafolha, 66 por ciento se mostró a favor y 28 por ciento en contra de que el Congreso abra el juicio político de destitución contra la mandataria, aunque 53 por ciento cree que no será apartada del cargo (38 por ciento piensa que sí).

Según el sondeo, los niveles de aprobación y rechazo al gobierno no tienen grandes diferencias entre grupos de distinto nivel de ingresos o escolaridad, lo que demuestra que también en las clases más bajas —bastiones electorales del PT— ha crecido el malestar con el gobierno.

La encuesta de Datafolha fue realizada el martes y miércoles entre 3.358 personas en 201 municipios de todo el país. El margen de error es de dos puntos.

"Guerra" en Diputados. La Cámara de Diputados de Brasil analiza 13 pedidos de juicio político contra la presidenta Rousseff, que se suman a otros cuatro ya rechazados este año, informó la agencia de noticias AFP. La mandataria fue blanco de siete pedidos similares en 2014, presentados por legisladores, representantes de la sociedad civil o ciudadanos de a pie. Todos fueron descartados.

Para que un "impeachment" sea viable debe sortear un análisis técnico antes de pasar a nivel de comisiones y luego sólo puede ser aprobado por una mayoría especial de dos tercios de los 513 diputados. En caso de atravesar esas instancias, llega al Senado, que se constituye en tribunal.

De la variedad de acusaciones, la mayor amenaza que enfrenta Dilma es una investigación basada en documentos del Tribunal de Cuentas que busca determinar si su gobierno utilizó recursos de la banca pública para pagar programas sociales, algo prohibido por la ley de responsabilidad fiscal. El gobierno alega que esa práctica ha sido común en otras administraciones, pero el proceso en su contra tiene el apoyo de varios partidos de la oposición, que sospechan que las cuentas públicas fueron maquilladas. Y por detrás está además la sombra del poderoso presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, en guerra abierta contra Rousseff y pese a que su partido, el PMDB, es aliado del PT de Rousseff. Pero esa alianza está en profunda crisis desde el inicio de este año, y el caso de Cunha es sólo un índice de esa descomposición.

Cunha, un legislador ligado a las iglesias evangélicas, saltó de la alianza gobernante a un rol opositor y está empujando una agenda parlamentaria que ha llenado de derrotas al gobierno desde que asumió el cargo en 2015. Su misma postulación exitosa fue una derrota para el PT, que ambicionaba quedarse con el poderoso cargo de titular de la Cámara baja.

"La relevancia de ese hecho por sí solo, desde el punto de vista político no parecería suficiente para justificar un proceso de este tipo en el Congreso. Pero eso sería en condiciones normales. Hoy hay una crisis política instalada entre el poder ejecutivo y el legislativo que se materializa en las posiciones del presidente de la cámara de los Diputados, hay una pérdida de popularidad muy grande de la presidenta Rousseff y eso crea un ambiente de mayor sensibilidad en el Congreso", analizó Luiz Alberto dos Santos, consultor legislativo del Senado.

"No voy a caer", advirtió el mes pasado Rousseff.