La Cámara de Diputados de Santa Fe, dió media sanción a un proyecto de ley que dispone la creación del Fondo de Garantía Pública que se destinaría a las familias de bajos ingresos que a la hora de alquilar una vivienda no alcanzan a cubrir los requisitos del mercado inmobiliario.

El proyecto –que ahora deberá ser debatido en el Senado– establece que el órgano de aplicación de dicho fondo sea la Secretaría de Estado de Hábitat, que al momento de su aplicación deberá emitir a pedido del inquilino un certificado de garantía que tendrá la capacidad de cubrir, únicamente, el valor de hasta dos meses el alquiler pactado por las partes en caso de incumplimiento, y el monto de la indemnización por resolución anticipada del contrato cuando el locatario no la haya abonado.

También se establece que el locador tendrá la facultad de aceptar o rechazar el certificado de garantía ofrecido por el locatario; y en caso de ser aceptado, el certificado será anexado al contrato de alquiler. Y además se deja establecido que el locatario deberá reintegrar los fondos públicos que se destinen para afrontar las situaciones de incumplimiento contractual o rescisión anticipada de los contratos, fijando una sanción expresa para el inquilino beneficiario que no reintegre al Fondo de Garantía los conceptos cubiertos por este.

En ese sentido es importante destacar que en la actualidad, a la preocupación por los altísimos costos que se deben pagar para acceder a un alquiler, hay que sumarle el hecho de buscar todos los papeles de garantías que se les exigen, dependiendo de la propiedad a alquilar y la empresa inmobiliaria que se las facilite.

Es que, así como algunas inmobiliarias solo piden una garantía propietaria y un recibo de sueldo, hay otras que exigen hasta tres propiedades con ingresos comprobables y el mismo número de respaldos con sueldo. Por otro lado hay que decir que muchas inmobiliarias imponen condiciones tales como la obligación de que los recibos presentados tripliquen el monto del alquiler, por ejemplo.

“Por todas esas trabas es que presentamos esta propuesta, que lo que busca es hacerle frente a las dificultades que encuentran miles de familias santafesinas de acceder a una vivienda digna permitiendo que sea el Estado quien socorra a aquellos que no consigan la documentación que les exigen hoy para acceder a un techo”, explicó en diálogo con Diario UNO la promotora de la propuesta, la diputada provincial Verónica Benas (Pares), al tiempo que aclaró que si bien el proyecto que obtuvo media sanción establece que el valor del alquiler pactado no debe ser superior al 70% del importe equivalente al salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha de la firma del contrato de locación, “el monto no está definido, porque dependerá de lo que se evalúe en Senadores y al ser reglamentado por el Ejecutivo también”.

En ese sentido, la legisladora de Pares afirmó: “Ese porcentaje actualmente representa unos $3.000, aproximadamente, un valor que consideramos quizás deba ser analizado respecto también de los números que se manejan en el mercado inmobiliario, porque el fin es lograr que la propuesta sea útil y sirva”.

Por último, la diputada provincial aseguró que la propuesta no solo apunta a “respaldar a las familias de escasos de recursos”, sino que también pretende ser beneficiosa para el sector inmobiliario a la hora de cerrar más contratos. Y al respecto dijo: “Una vez que la ley esté aprobada, seguramente se buscará generar consenso con las inmobiliarias para buscar adhesiones, que estoy segura se concretarán porque hablamos de una alternativa de garantía donde el Estado es el garante, es decir que se aporta una herramienta más de seguridad de cobranza para los propietarios”.