La propuesta de poner en marcha un sistema de protección de personas que ampare a los diferentes actores del proceso judicial, incluidos jueces y fiscales, no fue vista con malos ojos por los integrantes del Colegio de Magistrados de Rosario, que a principios de febrero reclamaron al gobierno provincial a creación de un grupo profesionalizado que investigue las amenazas sufridas por funcionarios del Poder Judicial. Si bien la idea fue planteada por el ministro de Justicia provincial, Juan Lewis, antes de que la entidad hiciera público su pedido, se acercaron aún más a la iniciativa en un encuentro que mantuvieron con el propio Lewis días atrás.   “Sería una mejora respecto de la situación actual, no cabe duda”, afirmó el presidente del Colegio de Magistrados, Ariel Ariza, y afirmó que están analizando tanto la propuesta del Ejecutivo como los dos proyectos en estudio en la Legislatura provincial.   El planteo de los jueces llegó tras una año donde señalaron hubo “varias” situaciones de intimidación con el objetivo de “amedrentar el accionar de una investigación”, según había advertido el presidente del Colegio de Magistrado local.   Ariza había apuntado que la preocupación incluye a jueces, fiscales y algunos defensores. Incluso explicó que los llamados telefónicos o los mensajes intimidatorios “se han reiterado” casi en forma paralela al incremento de hechos delictivos.   Previamente, el propio ministro de Justicia provincial había lanzado la propuesta de avanzar en un sistema único que ampare a los distintos actores del proceso judicial, ya sean testigos, querellantes y jueces. Esa fue la idea que el funcionario provincial presentó ante la demanda de las autoridades del Colegio de Magistrados en un encuentro cara a cara días atrás.   Para los magistrados, el programa único “sería una mejora respecto de la situación actual”, y valoró como positivo que pueda incorporar allí “no sólo a víctimas y testigos, sino también a quienes son parte de la estructura judicial como magistrados y fiscales, siempre que haya motivos fundados y exista lo que se llama una evaluación del riesgo previo”.   Ariza destacó que existe dentro del Poder Judicial una “toma de conciencia de que estamos ante una realidad distinta, donde las respuestas tradicionales requieren ser modificadas y los riesgos deben ser evaluados”. Unificar. El Ejecutivo se propone avanzar hacia un sistema único de protección de personas y para eso se propuso no sólo escuchar el plateo de la entidad que nuclea a jueces y funcionarios del Poder Judicial, sino también al fiscal general de la provincia, Julio de Olazábal. Es más, la iniciativa también busca consensuarse con los dos proyectos presentados en la Legislatura provincial por el diputado Leandro Busatto (Frente para la Victoria) y el senador Hugo Marcucci (Frente Progresista Cívico y Social).   Así lo detalló la secretaria de los Programas de Transformación de los Sistemas Judiciales, María Cecilia Vranicich, y ratificó que “existe el compromiso de trabajar en conjunto”, y anticipó nuevos encuentros con la entidad que nuclea a los magistrados.   “La idea es que exista un programa único de protección de personas sin diferenciar su calidad dentro del proceso judicial, por lo que puede incluir a testigos, víctimas, familiares de víctimas, abogados de alguna de las partes, y por supuesto fiscales o jueces”, explicó. En marcha. La funcionaria del Ministerio de Justicia indicó que la base para pensar la nueva propuesta son los programas actualmente vigentes.   “Uno es específico de la Secretaría de Derechos Humanos y está dirigido a víctimas y testigos de los juicios por lesa humanidad; otro programa funciona en los Centros de Asistencia Judicial (CAJ), y a eso se suman las medidas de protección especiales que son requeridas por fiscales y jueces del viejo sistema”, recordó Vranicich.   Si bien hizo hincapié en la necesidad de crear un programa que “tenga el consenso de todos los actores del sistema judicial”, la funcionaria aclaró que “no es que actualmente existe un vacío sobre la protección de personas en la provincia”.

Lewis avanza con un plan de ordenamiento

El ministro de Justicia provincial, Juan Lewis, reconoció semanas atrás que es “muy preocupante” la situación de amenazas y aprietes a funcionarios judiciales de causas de gran impacto en los últimos tiempos, que fue denunciada por el Colegio de Magistrados de Rosario.   El funcionario reconoció que la provincia estaba trabajando en “un sistema de protección de testigos, querellantes y jueces” que ordene los tres que están en vigencia.   “Se trata de un trabajo que exige una gran responsabilidad y muchas veces los actores están expuestos a este tipo de situaciones”, señaló el funcionario.   “No son numerosas las amenazas, pero sí han aparecido y creemos que tenemos que avanzar. Los proyectos que tenemos son para ordenar lo que se está haciendo”, apuntó el ministro.   En Santa Fe hay tres sistemas de protección de personas: uno es el sistema de protección en juicios por delitos de lesa humanidad; otro que salió por decreto para testigos en causas graves; y finalmente el sistema más clásico, que es cuando un juez dispone que un testigo necesita protección y exige a la policía que brinde seguridad a través de distintos métodos.   “Se está trabajando en un sistema unificado de protección para testigos, querellantes y jueces”, recordó.

Fuente: La Capital