La cadena venezolona de pequeños mercados Día Día negó las denuncias del gobierno de que haya realizado sabotaje y acaparamiento de alimentos y productos básicos. Pero la cadena amanción intervenida por agentes y militantes del gubernamentales, que denuncia una presunta "guerra económica", la que causaría la escasez generalizada que sufre el país.

"Día Día no ha incurrido en acaparamiento. Día Día no ha incurrido en boicot'', dice, casi con un ruego, el comunicado de prensa divulgado por la cadena, cuyo control fue asumido por militantes de una red de mercados estatales, la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL).

"Día Día Practimercados es una cadena de 35 pequeñas tiendas a nivel nacional, dedicada a servir a los sectores populares del país, ofreciendo en un ambiente digno productos de la cesta básica a precios justos'', asegura la nota de prensa de la empresa intervenida por orden del presidente Nicolás Maduro. El presidente ordenó la ocupación de la cadena por incurrir supuestamente en la "venta irregular'' de productos, y mantener "más de 2.500 toneladas de alimentos y de productos'' en depósitos, como si esto constituyera un delito.

Desde la intervención estatal, el director general del supermercado Día Día, Manuel Andrés Morales, permanece detenido en las instalaciones del Sebin —el temible servicio de inteligencia chavista— por instigar presuntamente las "irregularidades" en la distribución de víveres. La cadena informó que está usando los "recursos legales disponibles para obtener la liberación'' de Morales, quien sigue "detenido e imputado de forma arbitraria e irregular. A pesar del espíritu colaborador que ha tenido la empresa y el personal ante tal fiscalización, numerosos empleados fueron detenidos arbitrariamente incluyendo gerentes de tienda y personal del almacén'', sostiene la cadena.

Antes de la ocupación de Día Día, el gobierno inició un procedimiento similar contra Farmatodo, la mayor cadena de farmacias de Venezuela, que también tiene una extensa red de tiendas de alimentos. A dos de los altos ejecutivos de la cadena les fueron endilgados cargos de "boicot'' y "desestabilización de la economía'' y cuatro ejecutivos fueron también a parar a los calabozos del Sebin.

Arepas. A estas medidas represivas del gobierno contra el sector privado se sumó otra decisión que podría tener el efecto contrario al deseado. Una reciente resolución estatal fijó un nuevo precio para la harina precocida de maíz (la "polenta" argentina) que queda por debajo de su costo. Esto pone en riesgo a la "arepa", la popular tortilla de Venezuela. El sector enfrenta una "situación precariaSINGLE_RIGHT_QUOTESINGLE_RIGHT_QUOTE que va a empeorar ante la decisión del gobierno, que elevó 53 por ciento el precio de la harina de maíz, a 19 bolívares (unos 3 dólares al cambio oficial), explicó Manuel Felipe Larrazábal, director de Alimentos Polar, el mayor productor de alimentos del país. "El precio de 19 bolívares no cubre los costos de producción luego del incremento del 218 por ciento que el gobierno impuso en los precios del maíz blanco, principal materia primaSINGLE_RIGHT_QUOTESINGLE_RIGHT_QUOTE, ilustró Larrazábal. El directivo admitió que el nuevo precio de la harina de maíz, así como la decisión del gobierno de eliminar las mezclas de maíz blanco y amarillo, le genera a Polar una pérdida anual de 683 millones de bolívares (108,4 millones de dólares al cambio oficial). Larrazábal expresó que "nadie puede producir perennemente a pérdidas".