Sin la presencia de la oposición, el Frente para la Victoria firmó dictamen del proyecto para reformar la ley de Inteligencia. Luego de un cuarto intermedio, el oficialismo informó que el texto del Poder Ejecutivo sufrió “cambios importantes” sugeridos por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) de Horacio Verbitsky y del diputado provincial Marcelo Sain, que expusieron ante los legisladores.

Con la firma del dictamen en el plenario de comisiones del Senado, el tema quedó habilitado para el debate en el recinto el próximo miércoles y se espera que obtenga media sanción.

Según publicó el sitio Parlamentario.com, el jefe del bloque kirchnerista, Miguel Pichetto, lamentó que la discusión “no se haya dado en un marco más plural” debido al faltazo de la oposición, que se reunió en el Salón Illia para consensuar una estrategia propia.

Además, Pichetto recordó que el debate continuará este jueves en la comisión bicameral que controla los servicios de inteligencia, donde podrían surgir nuevas propuestas para contemplar en el recinto.

El rionegrino destacó que, con la redacción alcanzada, se logró “clarificar” el rol de los servicios de Inteligencia manteniendo además “el espíritu” de la Ley de Seguridad Interior.

El proyecto

El texto original propone la creación de una Agencia Federal de Inteligencia, transfiere las escuchas judiciales al Ministerio Público y dispone que las máximas autoridades del organismo, director y subdirector general, sean designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

En el documento se indica, además, que "el cese de ambos funcionarios podrá ser dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional".

Según el proyecto, las actividades de inteligencia interior quedarán limitadas a "la investigación de delitos federales complejos, inteligencia criminal o atentados contra el orden institucional y el sistema democrático”.

En el capítulo dos, aclara que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) tendrá como misión general la dirección y coordinación del sistema nacional de inteligencia y la producción de inteligencia “en defensa de la Nación ante amenazas internacionales de terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, ciberdelitos, económicos y financieros”.

Entre los fundamentos, el gobierno también hace hincapié en el hecho de que este proyecto “constituye un paso fundamental para la democracia dado que algunos sectores de los organismos de inteligencia se han considerado superiores o no alcanzados por la democracia”.

Asimismo, según el texto, la AFI deberá quedar constituida en un plazo de 90 días y se determina que toda relación entre la AFI y funcionarios o empleados de cualquiera de los poderes públicos sólo podrá ser ejercida por el Director o el Subdirector de la AFI.