La Defensoría Pública de la ciudad bonaerense de San Nicolás presentó un "hábeas corpus colectivo" para que se les permita a los presos alojados en la Unidad Penal 3 el uso de teléfonos celulares para comunicarse con sus parientes y así "mantener y fortalecer los lazos familiares y sociales". El hábeas corpus fue firmado por María Celina Berterame, defensora de Ejecución Penal Departamental; Pablo Andrés Vacani, defensor Oficial de San Pedro; Florencia Barrera, secretaria de Ejecución Penal departamental; Joaquín Castro, secretario de la Defensoría, y Patricio Porta, auxiliar letrado del Área de Ejecución Penal. Según indicó la funcionaria, la acción judicial responde al "agravamiento de sus condiciones de detención, estando afectado el derecho de comunicarse periódica y asiduamente con su familia mediante vía telefónica en razón de la insuficiencia de medios disponibles y prohibición de uso de aparatos celulares". Berterame afirmó que una persona "tiene que estar presa en condiciones dignas. La dignidad también es que puedan comunicarse con sus familiares", sostuvo la funcionaria en diálogo con  radio La Red. De acuerdo a la mirada de la funcionaria, cuando una persona está privada de su libertad tiene muchos derechos restringidos. Y en caso de que no se habilite el acceso a teléfonos celulares se compromete "el derecho a la comunicación" y "el derecho a la libertad".  La condición en las cuales se encuentran alojados los presos fue uno de los grandes temas de debate en el segundo semestre de 2014. Un fallo reciente de la Cámara de Casación Penal ordenó que se equiparen los derechos laborales de las personas privadas de la libertad con los del resto de la sociedad. Esto incluye la posibilidad de que los detenidos gocen de aguinaldo y vacaciones, por ejemplo. Conocidos los alcances de esta sentencia, fueron varios los detenidos que comenzaron a elevar exigencias al Servicio Penitenciario Federal . Por ejemplo, el sindicalista José Pedraza y el valijero Leonardo Fariña pidieron un trabajo para comenzar a percibir un salario en la cárcel. La Defensoría de San Nicolás fue más allá y propone ahora no sólo que los presidiarios tengan acceso a teléfonos celulares sino también que no se sanciones a quienes compran equipos en forma clandestina. "Pedimos que deje de sancionarse a los internos por este tipo de faltas porque la ley de ejecución penal no prevé que sea algo grave", analizó.