El Gobierno prevé utilizar el próximo año 11.889 millones de dólares de las reservas internacionales del Banco Central para cancelar vencimientos de deuda y gastos en moneda extranjera, según establece el artículo 38 del proyecto de Ley de Presupuesto 2015 enviado al Congreso de la Nación, cuyo texto íntegro de la norma fue publicado en el sitio web de la Cámara de Diputados.

Como ha sido habitual en los últimos nueve años, ese uso de los recursos tendrá como contrapartida la colocación de una Letra a 10 años de plazo en el Banco Central, con una tasa de interés similar a la que devenguen las reservas internacionales de la autoridad monetaria hasta un máximo de la tasa LIBO menos un punto porcentual anual, pagadero semestralmente.

Para el 2014, el Gobierno estaba autorizado a tomar unos 9.800 millones de dólares del Banco Central, y si bien no se explicitó cuánto de ese monto ya fue utilizado, se sabe que en los últimos doce meses las reservas en divisas de la autoridad monetaria cayeron en 6.790 millones de dólares, equivalente a 69% de aquel compromiso.

De ahí que si en el próximo año se repitiera una secuencia similar, las reservas del Banco Central descenderían al momento de la presentación del presupuesto 2016, cuya ejecución estará a cargo de un nuevo gobierno, a menos de 20.000 millones de dólares, equivalentes a unos tres meses de importaciones.

Fuentes y usos de las divisas

Claramente, la disponibilidad de divisas del ente rector no sólo cae por el uso atípico para pagar deuda pública, sino también por ventas para turismo, ahorro y, también con limitaciones, para pagar deuda privada y giros de dividendos por parte de filiales de empresas extranjeras. Mientras que aumenta cada vez por el saldo de la balanza comercial, la llegada de inversión extranjera directa y desahorro en divisas por parte de residentes.

El nivel de reservas del Banco Central es un dato crítico para el Gobierno dado que los dólares son un bien crecientemente escaso, porque se advierte una baja constante, a contramano de la expansión monetaria que genera el exceso de gasto público sobre los recursos que se perciben por el cobro de impuestos y contribuciones a la Seguridad Social.

Para peor, el default selectivo de parte de la deuda pública desde el 30 de julio cuando el Gobierno decidió no acatar el fallo del juez Thomas Griesa a favor de los bonistas afectados por la cesación de pagos a fines de 2001 que litigaron contra la Argentina, generó mayor demanda de dólares por motivos especulativos y de reserva de valor, frente a una economía que ingresó en recesión con más inflación.

En ese contexto, en el artículo 41 del Proyecto de Ley de Gastos y Recursos parta 2015 se faculta al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Economía, a realizar operaciones de crédito público por hasta 50.331,5 millones de dólares, para encarar las inversiones previstas y siempre "de acuerdo con las ofertas de financiamiento que se verifiquen y hasta el monto señalado" y luego informada, dentro de los 30 días de efectivizada la operación, a ambas cámaras del Congreso.

Se sospecha que se trata de la autorización encubierta para encarar un nuevo canje de deuda pública bajo jurisdicción extranjera, por otra fuera del alcance de los tribunales de los EEUU, preferentemente argentina, aunque podría extenderse a Francia u otro país europeo.