La decisión del juez José Luis Suárez de levantar la clausura de 23 desarmaderos allanados a fines de agosto en Rosario y localidades vecinas generó una fuerte polémica, al punto que el Ministerio de Seguridad de la Nación presentó un pedido de juicio político contra el magistrado. El propio Suárez señaló que mantener esa clausura "sin siquiera haber atribuido una conducta delictiva a alguien era una cuestión arbitraria".

En contacto con La Ocho, Suárez explicó que en la audiencia realizada la semana pasada lo único que se resolvió fue "la cuestión de la clausura" y no la habilitación de los desarmaderos.

"El mantenimiento de esta clausura era arbitrario, porque el motivo por el que se habían clausurado era para preservar las autopartes y la documental que se había encontrado irregular, para que el fiscal pueda disponer de las autopartes", señaló Suárez.

El 20 de agosto pasado el secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni encabezó en Rosario un megaoperativo ejecutado por Gendarmería, donde se allanaron 23 desarmaderos y se secuestraron unas 20 mil autopartes sin rotular valuadas en cerca de 60 millones de pesos. Los locales se clausuraron y Berni calificó al hecho como un golpe contra la venta ilegal y vinculó la actividad que desarrolla en estos lugares con el crecimiento de la violencia en la ciudad. La semana pasada el juez Suárez ordenó el cese de las clausuras.

"Así lo indicaba el acta de allanamiento que se leyó en la audiencia, así lo indicaban los informes que remitió la dirección nacional en cuenta que estaba a la espera que el fiscal comunicara que había dispuesto las cosas y la medida cesara", abundó el magistrado.

Suárez sostuvo que como el fiscal "ya había dispuesto de todos los efectos secuestrados, mantener en el tiempo por 20 días sin siquiera haber atribuido una conducta delictiva a alguien era una cuestión arbitraria", y que "eso es independiente de la cuestión de habilitación para el trabajo, que no es un tema que se trató en la audiencia porque no corresponde". El juez explicó amén de la clausura, "la que tiene que inhabilitar para el comercio es el Registro Único de Desarmaderos y Actividades Conexas (Rudac)".

"Lo que se trató en la audiencia —agregó Suárez— es la cuestión de la clausura, se pidió que se levante, se escuchó a la fiscalía y se argumentó lo que acabo de decir: la medida se dispuso para el resguardo de la documental y las autopartes que estarían irregulares, para que el fiscal disponga de esas cosas. Ya había dispuesto de las cosas, no tenía sentido mantener la clausura".
Además dijo que "no es cierto que en la audiencia se declaró ilegales los allanamientos, ni se trató eso".

"No sé lo que se está cuestionando, mi resolución es idéntica a la que han tomado otros magistrados del fuero federal, que han declarado arbitrarias el mantenimiento de este tipo de clausuras, porque no puede estar in eterno con una clausura que fue preventiva a un determinado fin cuando ese fin ya se cumplió", resaltó.