A este acuerdo arribaron el gobernador y el ministro De Vido al firmar  un acuerdo para llevar adelante el Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico en la República Argentina.

 

Al respecto, Bonfatti precisó que "arribamos a este acuerdo con el gobierno nacional preservando el plan de inversiones estipulado por el gobierno provincial y el incremento salarial otorgado para el personal de la empresa".

 

"Nos ha costado mucho a los santafesinos que esta empresa permanezca en la órbita del Estado, por lo tanto, no podíamos arriesgarnos a desfinanciarla. No obstante, siempre expresamos la voluntad de acordar el congelamiento de la tarifa, teniendo en cuenta estas salvedades", concluyó el gobernador.

 

El acto se llevó a cabo en el despacho del funcionario de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y estuvieron presentes además el ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio; el secretario Legal y Técnico del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, Diego Echen; y el secretario de Transporte Nacional, Alejandro Ramos..

 

En el acuerdo, la provincia de Santa Fe se compromete, por un plazo de 365 días a partir del 1º de enero de este año, a retrotraer y a mantener sin modificaciones los cuadros tarifarios vigentes al 31 de diciembre de 2013.

 

Además, se realizarán estudios tendientes a determinar los costos actuales del "Valor Agregado de Distribución (VAD)" y a partir de ellos determinar las regiones tarifarias y los precios de referencia.

 

Simultáneamente, se firmó un convenio, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014, mediante el cual la Nación se compromete a la ejecución de un plan de inversiones de obras de distribución eléctrica en el territorio santafesino, necesarias para optimizar la prestación del servicio público de electricidad.

 

Según indicó el Gobierno Nacional, el objetivo de la iniciativa es evitar asimetrías tarifarias dentro de las regiones para "optimizar la capacidad productiva regional, el desarrollo económico y social y la competitividad"; y lograr "equidad en la aplicación de los subsidios en los sectores residenciales, garantizándoselos a aquellas familias que realmente lo necesitan, e industriales y comerciales, para no generar competencia desleal".