La concejala peronista Norma López cruzó al gobernador Maximiliano Pullaro luego de que el jefe de la Casa Gris anunciara la intención de incorporar cámaras de seguridad privadas al sistema de seguridad pública. La justicialista señaló que la “organización inteligente” entre los canales de videovigilancia privados y el sistema público de cámaras ya existe en Rosario, luego de que fuera propuesto por su fuerza política en el Concejo en 2014. "Lo único que falta es llegar a un convenio entre las empresas privadas, el municipio y la provincia para llevarla a cabo, ya que la ordenanza está en plena vigencia", sostuvo la edila.

En el discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura santafesina, el mandatario provincial anunció su plan de “agregar más tecnología” al sistema policial, en el marco de la modernización del mismo: “Vamos a agregar más tecnología con una red de 5.000 nuevas cámaras de seguridad en Rosario, la adhesión de cámaras privadas al sistema de videovigilancia y un nuevo edificio para el funcionamiento del 911”.

Horas más tarde, la edila hizo su descargo en la red social X. El mensaje llegó acompañado del proyecto que presentó con su entonces compañero de bancada, Roberto Sukerman.

“Maximiliano Pullaro anunció la incorporación de cámaras de seguridad y la adhesión de privados al sistema de videovigilancia”, inició López y explicó que la iniciativa “Rosario Alerta 2.0 es la plataforma estatal que optimiza el uso de recursos en cogestión, y la propusimos con Roberto Sukerman”. Es decir, la iniciativa ya existe y está en marcha en Rosario.

Es así que, para la concejala justicialista, lo único que resta es la articulación entre municipio y provincia, en común acuerdo con las empresas privadas, puesto que la plataforma ya está instalada en Rosario con la ordenanza vigente.

"Ante un anuncio, hay una herramienta municipal que la tienen que poner a disposición del gobierno provincial, tenemos una ordenanza que tiene la regulación del uso compartido de videovigilancia privado con el estatal", recordó López.

En ese sentido, la referente peronista señaló que "es una ordenanza votada hace años y el municipio debe avanzar en todos los aspectos de la reglamentación de la misma, puesto que el punto principal de la plataforma y tipos de control, seguridad, alertas y disposición del centro de monitoreo tiene que ver con que las zonas donde se encuentran las cámaras privadas y su respectivo convenio entre el municipio y la provincia".

López señaló que esos convenios deben ser establecidos de manera individual y particular con aquellos que llevan adelante la seguridad de su comercio o empresa. "Todos los sistemas y plataformas que el Estado tiene a disposición los tiene que convenir con el ámbito privado para favorecer el cuidado de todas las personas y bienes materiales", puntualizó.

Según el documento, el proyecto proponía la creación de una plataforma llamada Rosario Alerta 2.0 para “la organización inteligente” de cámaras de seguridad, botones de pánico, GPS, teléfonos celulares, posnet, internet y redes sociales.

El objetivo era “generar un sistema de protección que trabaje coordinadamente con el gobierno de la provincia y la Nación en la seguridad de los habitantes”, articular la ciudadanía con las distintas fuerzas de seguridad y emergencia y “fortalecer la capacidad operativa de las distintas fuerzas de seguridad, de emergencias y áreas municipales de defensa ciudadana”, además de la implementación de herramientas tecnológicas para el desarrollo de estas tareas.

Cabe recordar, sin embargo, que el proyecto de López y Sukerman no recibió los apoyos suficientes en su momento para su aprobación en 2012. La ordenanza fue sancionada el 24 de abril de 2014 y pasó por las comisiones de Seguridad Pública y Comunitaria, Presupuesto y Hacienda, y Gobierno y Cultura.

Luego de su aprobación, la concejala socialista Lorena Carabajal retomó la ordenanza en 2021 y propuso la creación de una app para celulares que conectaba las alarmas comunitarias vecinales con las cámaras de vigilancia públicas para así dar aviso entre los vecinos.

A mediados del año pasado, el municipio anunció la incorporación de 600 nuevas cámaras para contribuir en la prevención del delito. Los dispositivos están provistos de inteligencia artificial para detección de personas, vehículos y sonidos estruendosos como detonaciones.

La inversión total fue de $400 millones, de los cuales $220 millones salen de las arcas del municipio y $180 millones desembolsa la Nación.

Las cámaras identifican personas y vehículos, y van recolectando, clasificando y almacenando toda la información con un alto grado de detalle. De esta manera, cada imagen que ingresa al sistema es procesada por la inteligencia artificial, quien permite generar algoritmos o búsquedas predeterminadas.