Los municipios portuarios del Gran Rosario rechazan de plano la idea que cocina el gobierno provincial de quitarles el manejo de la recaudación de la tasa que le cobran a los camiones que llegan con la cosecha con el argumento de que el sistema no funciona ya que los accesos viales no están en condiciones.

Los jefes comunales, sin diferencias partidarias, se abroquelaron en defensa de la tasa que hace 20 años que cobran. Además de contactos entre ellos para enhebrar un discurso en común, activaron el lobby con dirigentes políticos cercanos y le pidieron una reunión al gobernador Maximiliano Pullaro ya que, sostienen, todavía no fueron informados oficialmente de la decisión que baraja la Casa Gris con apoyo de los puertos, las aceiteras y los transportistas. Y, prometen, dar muy fuerte pelea para mantener esa suerte de “peaje de última milla” que consideran vital para mantener "vivibles" y en "paz social" a sus localidades. 

A todo esto, los exportadores de granos advierten que resistirán cualquier intento de sumarles una carga fiscal como posible compensación a los municipios por sacarles el cobro de la tasa.

Como sea, todos los actores empresarios y políticos involucrados en la contienda se verán las caras este viernes al mediodía cuando asistan al remate del primer lote de soja en la Bolsa de Comercio de Rosario, acto protocolar que marca el inicio formal de la comercialización de la oleaginosa.

La situación es la siguiente: las comunas de la región con puerto (Villa Constitución, Arroyo Seco, General Lagos, Alvear, San Lorenzo, Villa Gobernador Gálvez, Puerto San Martín y Timbúes) le cobran una tasa a cada camión que llega con la cosecha para el mantenimiento de los caminos locales. Hoy están cobrando $10.900 por el camión con 45.000 kg, pero llegan a cobrar $13.600 al que supera ese peso. 

Según cálculos de la Bolsa de Comercio de Rosario, este año llegarán unos 2 millones de camiones a los puertos de la zona, por lo que los municipios habrán levantado este año unos 22 millones de dólares. Para las comunas, ese cálculo no es realista, ya que esperan el arribo de entre un millón y un millón y medio de camiones.

La defensa que esgrimen los intendentes tiene varios frentes. En lo jurídico admiten que tendría que sancionarse una ley que provincialice las calles municipales de acceso a las terminales. Y creen que además de inapropiado, chocaría legalmente contra las autonomías de municipios y comunas.

Y en caso de que la Provincia tome la propiedad de las calles, aseguran que sería algo de operatoria inviable. Por ejemplo, se preguntan: ¿Cuál sería la dependencia oficial que se haría cargo del mantenimiento de la traza y el ordenamiento del tránsito? ¿Vialidad Provincial? ¿La Agencia de Seguridad Vial? 

Según lo que trascendió, la Casa Gris estudia por estas horas qué formato legal tendría la avanzada sobre ese peaje. Y se piensa en un consorcio de administración de todo el complejo de rutas y caminos del área metropolitano para darle una mejor planificación a las obras que necesita al entramado de accesos. Si bien la ingeniería jurídica puede aparecer, asoma que las definiciones deberán venir claramente de las decisiones políticas.

Para los jefes comunales no tiene mayor sentido que la Provincia se quede con esa caja para pavimentar y re-pavimentar accesos ya que le alcanzaría para completar no más de 15 kilómetros, ya que el costo es de casi 1 millón de dólares por kilómetro.

Y si se trata de usar esos fondos para garantizar pedidos de crédito, dicen que la Provincia ya dispone para eso de la recaudación de tributos provinciales y de la coparticipación. Por el contrario, para la Provincia no es una mala ecuación sumar a razón de 10 kilómetros al año de pavimento en el cordón y destinar la otra mitad para el mantenimiento

Si hay algo en que coinciden puertos, aceiteras, transportistas y el gobierno provincial es que la tasa que pagan los camiones (que termina trasladándose al productor en el costo de flete) no se tradujo en mejoras de fondo en los accesos y señalan que hay comunas que tienen todos los accesos a los puertos en camino de tierra. Y también advierten que los fondos recaudados también se determinan a otros fines distintos.

Por el contrario, los municipios dicen que la gran mayoría de las comunas portuarias tienen entre el 90 y el 100 por ciento de los accesos asfaltados. Pero también hacen otra aclaración: como en muchos casos los camiones circulan el ejido urbano, la recaudación de la tasa/peaje también se usa para barrido y limpieza de las calles ante suciedad que dejan los camiones, la desratización del entorno por la actividad de las plantas y puertos, el pago de inspectores de tránsito para el ordenamiento, la iluminación, la reparación de semáforos que a veces se llevan puestos los grandes camiones, entre otras roturas, y, sobre todo, por razones de seguridad de los transportistas, se usa par el pago de la guardia urbana y los sistemas de videovigilancia.

Además, aseguran que la tasa financia el desmalezamiento de las banquinas de las rutas nacionales abandonadas por el actual gobierno en los tramos que pasan por sus localidades, que van de las 10 a las 20 cuadras. Por ejemplo, cuentan que sólo cortar el césped en el entorno del cruce de las rutas 11 y  12 cuesta un millón de pesos.

Además, insisten con que el grueso del problema no está en los caminos comunales sino en las rutas nacionales colapsadas. Y ante las críticas de que los fondos también se usan para gastos no vinculados, admiten que algunas localidades los usan para contención social y que no hay ciudad portuaria en el mundo que no cobre una tasa similar, ya sea por mantenimiento o por razones de impacto ambiental por el movimiento de camiones.

Los municipios insisten con que la recaudación es menor como para generar tantas expectativas de que alcanzaría para sumar nueva infraestructura: 10 dólares para un camión que lleva una carga granaria que supera los 10 mil dólares. Y que la Provincia debería enfocarse en conseguir que se coparticipe para la construcción de mejores accesos una parte de los 20 mil millones de dólares que este año recaudará Nación por retenciones a los granos embarcados desde el área metropolitana.

Algunos jefes comunales estiman que el gobierno provincial amenaza con una avanzada sobre el peaje en busca de un objetivo menor: por ejemplo que los municipios se hagan cargo de más tareas de mantenimiento en rutas nacionales o provinciales. Y si bien esa posibilidad está abierta a debate, advierten que si les sacan el peaje, que para algunas localidades es la principal fuente de ingreso, la Casa Gris se echará a todas las comunas afectadas en contra.