El gobierno de la provincia de Santa Fe destinó 3.500 millones de pesos para expropiar el edificio de Córdoba 2645, de Rosario, donde funciona la Escuela de Educación Técnica N° 625 Carlos Guido y Spano. Al cumplir con la expropiación del inmueble, sancionada en julio de 2022 por diputados y senadores provinciales, se evitará el desalojo con el que amenazaban los propietarios.

El ministro de Educación, José Goity, y autoridades del Ministerio de Economía realizaron todos los trámites administrativos y explicaron que ya se destinaron 3.500 millones de pesos para la expropiación y que no hay ningún riesgo de reversión o de desalojo del edificio.

A la par de la notificación formal enviada a los dueños y representantes legales, este martes se realizó una asamblea en la sede de la institución educativa, en la cual se anunció la solución efectiva llevada adelante por el gobierno provincial. En ese marco, la secretaria de Gestión Territorial, Daiana Gallo Ambrosis, expresó que notificarán "el ofrecimiento formal para la adquisición del inmueble por parte de la provincia de Santa Fe para que los estudiantes tengan su edificio propio”, y agregó: “El gobernador Maximiliano Pullaro tomó la decisión de dar respuesta a este reclamo y garantizar el derecho a la educación para más de 600 estudiantes que asisten a esta escuela".

La subsecretaria Legal y Técnica del Ministerio de Educación, Mariela Uberti, señaló los pasos procesales y tiempos legales previstos en la ley de expropiación.

La comunidad educativa se encontraba en alerta por las demoras en la expropiación del edificio de Córdoba 2645, luego de que días atrás llegara a la escuela una carta de la familia propietaria del inmueble reclamando a la Casa Gris el pago de la indemnización correspondiente.

Los propietarios habían indicado: “Debido a la inactividad e incumplimiento de la legalidad del gobierno provincial, saliente y entrante, en cuanto al procedimiento del pago de la expropiación del inmueble que según ley 14.091 fue aprobada en julio de 2022 por diputados y senadores provinciales, nos vemos obligados a tomar acciones en el corto y mediano plazo que van a afectar la continuidad del desarrollo normal de las actividades del establecimiento"

"Durante el transcurso de dos años se ha intentado, con la mejor predisposición y voluntad, de llegar a un acuerdo con las autoridades de la provincia”, sostuvieron, para remarcar que "el gobierno no dio respuesta por propósitos ignorados para concluir el comentado proceso, a pesar que todo el arco político votó la ley de expropiación".

Y concluían: "Hasta el día de la fecha un colegio provincial está usurpando un edificio privado, sin contrato de alquiler vigente. Esto implica privar a sus propietarios de su patrimonio como ser despojados de sus bienes con la mayor impunidad”.

El diputado provincial Carlos del Frade (Frente Amplio por la Soberanía) ya había reclamado que se cumpla con la expropiación del edificio "para darle tranquilidad a toda la comunidad educativa como también a los dueños del predio".

“Es hora de producir la expropiación. La partida de más de 2.300 millones de pesos ya está asignada en el presupuesto del año 2024”, planteó Del Frade.