Los números del superávit fiscal que con tanto énfasis se ocupó de destacar el ministro de Economía, Luis Caputo, e incluso presentó como un éxito a las autoridades del Fondo Monetario Internacional, fueron el resultado de un Estado prácticamente paralizado, que dejó de pagar obligaciones y se retiró de muchas otras, en sintonía con el plan económico planteado por el gobierno de Javier Milei.

En enero Argentina tuvo un superávit fiscal de $ 2 billones, mientras que los intereses de deuda pagados de $1,5 billones y el superávit financiero $ 0,5 billones, detalló el informe “Análisis de los ingresos, gastos y resultados del Sector Público Nacional: datos a enero de 2024” elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (Cepa).

El texto explica que el superávit fue mayor al esperado “por la ausencia de gestión del Estado, el congelamiento en las partidas de gastos, el no pago de los subsidios de energía y la licuación de las partidas vinculadas a prestaciones sociales”.

Durante enero, el resultado fiscal del Sector Público Nacional (SPN), calculado según el criterio de caja, fue mayor al esperado y alcanzó los $ 2.010.746 millones antes de intereses y de $ 518.408 millones tras el pago de intereses de deuda.

Cepa detalló que el gasto de enero totalizó $ 4,1 billones, lo que representa un aumento de 115% aunque, ajustado por inflación, experimentó una reducción del 39,4%. Por otro lado, los ingresos alcanzaron $ 6,1 billones, con un incremento nominal de 256%, y un aumento real de 0,7%.

Pese a ese leve incremento de los en términos reales, se observaron disminuciones significativas en los provenientes de impuestos asociados a la seguridad social (-25%), al impuesto a las ganancias (-37%) y a bienes personales (-61%) en comparación con el mismo período del año anterior.

“Estas caídas fueron compensadas en parte por un incremento real del 10% en los ingresos por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA)”, señaló Cepa y destacó que “este crecimiento se vio impulsado por la aceleración de la inflación, lo que contribuyó a un aumento en la recaudación, aunque este efecto fue parcial debido a la disminución de la actividad económica, que limitó el potencial recaudatorio”.

En tanto, los impuestos vinculados al comercio exterior tuvieron gran crecimiento real. “Las retenciones aumentaron 90%, los derechos de importación 35% y el impuesto País un 400%”, dijo Cepa.

“Estos incrementos se deben especialmente a los efectos de la devaluación que hace que la alícuota se aplique sobre una base sustantivamente más alta, a la vez que se incrementó el porcentaje del impuesto País”, dijo el informe y detalló que estas dos cuestiones impactaron positivamente en la recaudación de ingresos provenientes de estas fuentes.

Por otra parte, los gastos totales del Sector Público Nacional alcanzaron la cifra de $ 4.136.487 millones, lo que representa un incremento nominal del 115%. Sin embargo, este aumento nominal se traduce en una caída real del 39%: un ajuste del gasto sin precedentes en los últimos años.

“La marcada disminución de los egresos, cercana al 40%, se atribuye principalmente a la falta de gestión por parte del nuevo gobierno y a la decisión de no ejecutar presupuesto”, indicó Cepa y planteó que “prácticamente todas las partidas muestran reducciones en términos reales, siendo las más significativas las relacionadas con prestaciones sociales y jubilaciones, las cuales caen por encima del 30%”. En el otro extremo, los intereses de la deuda crecieron 26% en términos reales ($1.492.338 millones)”, precisó.

Además, destacó la notable caída en jubilaciones (-38%) y asignaciones familiares (- 29%), resultado del impacto de la fórmula jubilatoria vigente (que no fue compensada con bonos) y el retraso en la actualización del salario mínimo.

Por otro lado, todos los subsidios muestran una disminución en términos reales. Los relacionados con la energía caen un 77% debido a la falta de transferencias. Los del transporte son los únicos que crecen en términos nominales aunque no logran superar los niveles de inflación.

Además, Cepa detalló que los gastos de capital destinados a la obra pública experimentan una reducción significativa, registrando una disminución real del 77%. Durante enero, la ejecución de la obra pública fue nula debido a la falta de voluntad de gestión. “La ausencia de inversión en programas de infraestructura fue tan pronunciada que no se observa un registro tan bajo en ningún otro mes desde enero de 2017”, precisó.

También, durante el segundo semestre de 2023 persistieron los efectos de la sequía en los ingresos por comercio exterior, impactando fuerte en el resultado fiscal. Pese a la caída real del gasto, éste no fue suficiente para contrarrestar la disminución de ingresos ni para cumplir con las metas fiscales establecidas por el FMI.

Así, como en enero de 2024 se alcanzó un superávit fiscal de $2.010.746 millones y un superávit financiero de $ 518.408 millones, a través de un ajuste significativo en el gasto, llevándolo a niveles mínimos de ejecución, Cepa consideró que el gobierno podrá cumplir con la meta de superávit de $ 962.000 millones pautada con el FMI para el primer trimestre.