La Cámara de Diputados aprobó el pasado viernes en general el proyecto de ley ómnibus y determinó un cuarto intermedio hasta el martes que viene para la votación y debate en particular de la ley. La cámara baja acompañó con 144 votos un dictamen cuyo contenido aún es neblinoso para gran cantidad de los legisladores. Pero de todos modos hubo señalamientos por irregularidades tanto en el proyecto como en su tratamiento.

A lo largo de los tres días que duró la maratónica sesión, el debate parlamentario fue derribando muchos de los artículos del megaproyecto, los cuales fueron explicitados durante la sesión. En el texto original eran 664 pero se redujeron a 224 tras las múltiples conversaciones y acuerdos del oficialismo con la oposición.

No obstante, el viernes al finalizar la primera etapa del tratamiento legislativo, el diputado libertario Gabriel Bornoroni pasó lista a los artículos suprimidos de la ley ómnibus con la sorpresa de que había puntos de la norma que el miércoles habían sido eliminados y que serán debatidos el martes tras el cuarto intermedio.

Diputados de Unión por la Patria señalaron esta irregularidad, teniendo en cuenta que los artículos que aparecieron afectan áreas sensibles: jubilados y barrios populares. Los artículos restituidos fueron el 179, 180 y 196.

El apartado 179 busca la derogación de la ley N° 26.425 y el decreto 897/2007 que establecen la creación del FGS. La diputada rosarina y doctora en economía Julia Strada afirmó que durante la primera decisión tomada por el oficialismo, el FGS se formalizó “en el marco de una consolidación de deuda para que todas las acciones y títulos pasen al Tesoro Nacional, dejando de ser de los jubilados”.

Así mismo, Strada apuntó que "el Tesoro pasa a tener la capacidad legal y técnica de vender las acciones de las empresas” heredadas de cuando se estatizaron las administradoras de fondos de jubilación y pensión (AFJP).

Esta cartera accionaria está compuesta por una serie de participaciones que tiene el Estado en 46 empresas, muchas de ellas líderes en su sector, y que se mueven en su valuación. Sin ir muy lejos, este paquete accionario presentó un aumento del 55,6% de su valoración desde noviembre de 2023. “Venderlas significa no sólo liquidar las acciones sino además ofrecérselas a muchos de sus interesados, entre ellos los propios dueños de las empresas”, apuntó.

“Cuando sale el dictamen ‘blue’ y leen los artículos el miércoles al mediodía, se eliminaban el 194 y el 196. El 194 disponía la transferencia del FGS al Tesoro. Eso está bien porque estaba fijo antes y queda eliminado ahora pero continúa vigente el artículo 196, que deroga la ley y el decreto que establecen la creación del FGS. Eso significa que toda la norma que regula el funcionamiento del FGS la elimina. Es decir, pueden vender las acciones de las empresas que componen la cartera accionaria”, explicó Strada. "Como no pudieron recorrer el camino para apropiarse de las acciones dentro del FGS directamente lo eliminan”, analizó la legisladora peronista.

Según el último informe de Anses, el FGS tiene un valor de US$ 32.658 millones, cuyo valor más importante son las acciones de las empresas que fueron heredadas al organismo luego de la estatización de los fondos previsionales. Entre esas acciones se encuentran cuantiosas sumas de holdings muy importantes en el país como Techint, Pampa Holding, el Grupo Clarín, los bancos Galicia y Macro, la compañía agropecuaria Cresud, entre otras.

La transferencia de estos activos no perjudica directamente el valor de las jubilaciones, pero es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Anses el que le da su carácter anticíclico al sistema y asegura la posibilidad de erogar los haberes jubilatorios y las pensiones en tiempo y forma en caso de presentarse una situación de crisis financiera.

"La eliminación de este fondo es eliminar una valla que frena la privatización del sistema previsional”, afirmó la economista y agregó: “No va a faltar mucho para que propongan la privatización de todo el sistema”, lo cual presentaría un problema para aquellas personas que no lleguen con los suficientes años de aportes a la edad de retiro.

“Con la privatización del sistema, las moratorias se eliminan y las personas que no pudieron jubilarse porque no tuvieron los aportes suficientes se van a encontrar en el absoluto desamparo”, apuntó Strada.

“Eso significa una nueva estafa para los trabajadores. Hoy el sistema de reparto funciona con un criterio de querer aumentar la jubilación aún cuando la fórmula no da. Si se restituyen las AFJP, las personas se las van a tener que arreglar con lo que hayan podido aportar”.

Por otro lado, el artículo 179 y el artículo 180 sostienen el redireccionamiento de los fondos recaudados por el impuesto PAIS. Mientras que hoy la distribución es de un 70% para el financiamiento del Anses y la obra social Pami, el restante 30% se dirige al Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu) cuyo objetivo principal es el de la urbanización de los 6.477 barrios populares de todo el país, donde habitan 1.237.795 núcleos familiares, según el último relevamiento del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

"El Fisu se crea con la ley de Registro Nacional de Barrios Populares en el 2018. A partir de esa ley se pudo avanzar en un proceso de registro de todas las villas y asentamientos que hay en Argentina”, explicó el legislador Itaí Hagman.

Con la creación del impuesto País se definió una asignación específica, que hoy es del 9% que va al Fisu para las obras de urbanización de los barrios populares. “Estos tres años desde el 2018 se ejecutaron cientos de miles de millones de pesos en obras en barrios populares. Es una partida dirigida a resolver el problema habitacional de millones de personas en Argentina”, sostuvo Hagman.

El proyecto de ley ómnibus determina que el 100% del impuesto País va a quedar en el Tesoro Nacional para ser dirigido al Pami y al Anses, explicó el diputado y subrayó el crecimiento que ha tenido en su recaudación este impuesto "porque el gobierno de Milei aumentó fuertemente las alícuotas. Si se aprobara el proyecto tal como está, se dejaría de financiar el programa de integración sociourbana". La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) informó el jueves pasado que la recaudación por medio del impuesto País aumentó en un 1.252% respecto de enero del año pasado.

"Lo que buscamos es, junto con otros bloques, entablar una batalla para defender el financiamiento del Fisu", sostuvo Hagman.

Luego de la votación del viernes pasado, el próximo paso para la media sanción del proyecto de ley ómnibus es el debate y votación punto por punto de los casi trescientos apartados que todavía ostenta el pliego.

Fuente: La Capital