El Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción declaró el estado de emergencia en todo el país y advirtió por el futuro de 1.400 empresas y 200.000 empleos.

El Consejo, que reúne a las cámaras del sector y 1.400 empresas socias en todo el país, se reunió en forma urgente debido a la “excepcional gravedad de la situación de la actividad de la construcción”.

En un comunicado explicaron que decidieron declarar el “estado de emergencia” en todo el país para el sector y reclamaron a las autoridades nacionales y provinciales una solución en brevísimo plazo a los problemas planteados por los consejeros de todo el país, muchos de los cuales son “de carácter terminal”, indicaron.

En ese sentido, emitieron una cruda declaración en la que señalaron que, “de persistir la grave situación actual, tendrá efectos irreversibles sobre el sector en particular y la economía en general”.

La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) representa a empresas que generan más de 500.000 puestos de trabajo, en forma directa y tienen un gran efecto multiplicador sobre el empleo y la actividad económica general de más de 140 sectores productivos.

“No puede dilapidarse un capital humano formado a lo largo de décadas ni el capital, estructura y conocimiento acumulado en las empresas, prolongando aún más una crisis que lleva meses”, detallaron en el comunicado los empresarios de la construcción.

“Este estado imperante llevará a muchas empresas a situaciones de quebranto, probablemente definitivas, con las consecuencias económicas y sociales que ello implica”, agregó el texto el cual fue enfático al señalar que “el país todo vive un estado de emergencia económica y social que ya arrecia al sector de la construcción”.

Entre las principales causas que identifican como responsables de este estado de situación, figuran “el desborde inflacionario de 2023, agravado por el muy elevado aumento de precios de diciembre y enero últimos y el consecuente quiebre de la cadena de pagos”.

El sector además fue uno de los más afectados tras las medidas adoptadas por el gobierno de Javier Milei de frenar la obra pública en las distintas jurisdicciones, que ya se expresó en el parate de muchos proyectos que eran financiados por la Nación en distintas provincias.

Según detalló el texto del Consejo Federal de Comarco “en todo el país, el peligro de despidos masivos, de reducción a la mitad o menos de las plantillas de personal, la quiebra de un sinnúmero de empresas constructoras y sus proveedores es inminente”.

“El sector no puede soportar más que unas pocas semanas en estas condiciones”, aseveraron enfáticamente los constructores y por eso declararon el estado de emergencia en todo el país.

Además, el consejo instruyó a las autoridades de la institución a nivel nacional y de las distintas delegaciones a adoptar las medidas que estimen necesarias, para obtener, en brevísimo plazo, la solución a problemas concretos como “la definición de los contratos que serán continuados, y la readecuación de estos en cuanto a precios, plazos y deuda”.

Además, instó a las autoridades nacionales y provinciales a instrumentar, “de manera inmediata, medidas en su jurisdicción que, al menos, permitan mitigar transitoriamente la situación de crisis extrema por la que atraviesa el sector”.

Según expresaron “se trata de la única alternativa para impedir la destrucción del entramado productivo del sector y más de 200.000 despidos”.