La jueza María Trinidad Chiabrera ordenó en una audiencia imputativa por narcomenudeo, y a partir de la ley sancionada recientemente en la provincia, la demolición del lugar donde fueron detenidos ocho imputados responsables de la comercialización de medio kilo de cocaína y 200 gramos de marihuana. El lugar de Riobamba al 5000 fue calificado como búnker de acopio y comercialización de estupefacientes. En el curso de la audiencia celebrada el viernes, el fiscal Aníbal Vescovo les atribuyó a los detenidos el delito de "comercio con estupefacientes, precursores químicos o cualquier otra materia prima para su producción o fabricación o que los tenga con fines de comercialización, o los distribuya, o dé en pago, o almacene o transporte", y solicitó el cese de estado antijurídico el derribo de las instalaciones utilizadas para el comercio ilícito de sustancias prohibidas.

Así, la jueza Chiabrera tuvo por formalizada la audiencia imputativa y aceptó lo solicitado por Fiscalía ordenando derribar las instalaciones en calle Riobamba al 5000 de Rosario, y dictó la prisión preventiva efectiva a Brian S., Pablo F. y a Ismael G, por el plazo de 90 días. En tanto dispuso la libertad de: Flavia A; Mariana Ch; Milton B. Héctor R y Marcelo V., siempre que mantengan reglas de conducta como constitución de domicilio constatado previo a la libertad y el pago de una caución, además de la firma semanal ante la Oficina de Gestión Judicial.

La Fiscalía les atribuyó el 3 de enero, a las 1.15, haber tenido en su poder para su comercialización 502 envoltorios de cocaína por un total de 493 gramos y 187 bolsitas con marihuana con un peso total de 342 gramos. Todos fueron detenidos en la vivienda de la zona de las vías férreas de calle Riobamba al 5000.

La ley de narcomenudeo, a la que adhirió la provincia, dispone que el Ministerio Público de la Acusación deberá contar en cada una de sus cinco regionales a un fiscal de flagrancia para intervenir en casos menores de droga. La ley sostiene que se intervendrá cuando la venta de drogas se desarrolle en espacios públicos y cuando haya participación de los vendedores de drogas en otras actividades delictivas o contravencionales o utilización de armas de fuego. También cuando haya participación o involucramiento de menores de edad o de personas en situación de vulnerabilidad, o distribución de estupefacientes.

Los primeros imputados fueron un discapacitado y una jubilada, los dos mayores de 70 años, y fueron acusados por intentar alcanzar a sus hijos presos dos recipientes con comida que ocultaban cápsulas de marihuana; uno con 85 gramos y el otro con 38. Por la cantidad de sustancia involucrada, la edad de los detenidos, el carácter gratuito del envío y sin un criterio de peligrosidad a la vista, los dos quedaron en liberad. Sus defensores públicos y el fiscal en turno, Mariano Ríos Artacho, acordaron que pasen a firmar cada quince días o una vez por mes al Centro de Justicia Penal. Además tienen prohibido acercarse a los centros penitenciarios donde estén alojados sus hijos, a quienes a partir de ahora sólo podrán contactar por teléfono o videollamada.