Vecinos de la zona sur de Rosario viven desde hace más de diez años un verdadero calvario por dos pensiones clandestinas que funcionan, pese a las reiteradas clausuras municipales. En la última sesión del Concejo, el municipio entregó un informe donde admite que entre 2011 y 2023 se realizaron cerca de cuarenta inspecciones en ambos inmuebles que no cuentan con ningún tipo de habilitación.

Las pensiones en cuestión se ubican en Padre Giaccone al 1900 y Moreno al 6100, ambas ubicadas en inmediaciones del Casino. La primera fue inspeccionada en 2011 por agentes municipales que procedieron a la clausura ya que no contaba con habilitación y tampoco cumplía ninguna medida de seguridad e higiene.

De acuerdo al reporte de ese momento, al llegar al domicilio, los agentes fueron recibidos por una inquilina de la pensión que, tras comunicarse con el dueño, les impidió ingresar al inmueble. Ante esto se gestionó un permiso de inspección que se concretó a los pocos días de la primera visita.

Al ingresar al lugar se encontraron con que la pensión clandestina contaba con seis habitaciones en la planta baja y otras dos en la terraza. En las paredes del edificio se constató que las instalaciones eléctricas estaban expuestas y sin cumplir con las medidas de seguridad. Lo mismo ocurría con el cielorraso que era de telgopor y el acceso a la terraza era por intermedio de una escalera armada por maderas apoyadas sobre ladrillos y sin barandas de contención.

Por todo lo anterior, el municipio clausuró el inmueble. Pero el lugar siguió funcionando con normalidad. De hecho, en 2012 hubo dos nuevas inspecciones (a partir de denuncias de vecinos), en 2013 se realizaron tres, una en 2014, otras en 2015, 2016 y 2017. Durante el 2018 no hay registros de controles municipales y entre 2019 y 2023 hubo siete nuevas inspecciones, en todos los caso se advirtió la violación de clausura.

A partir de 2014, a los reclamos por esa pensión se le sumaron nuevos por otro inmueble ubicado a la vuelta, en Moreno al 6100. El 22 de abril de ese año se realizó una inspección que terminó con la clausura del edificio por no contar con habilitación, ni cumplir con las medidas de seguridad e higiene pertinentes para alojar personas.

A los cuatro días de la clausura, agentes municipales pasaron por la zona y constataron que seguía funcionando pese al impedimento administrativo. A partir de ahí, se dio una seguidilla de visitas donde los inspectores no lograban ingresar al inmueble ni notificar al dueño ya que nadie accedía a abrirles la puerta.

En el mientras tanto, vecinos continuaron las denuncias por ruidos molestos y conflictos con las personas que se alojaban en los establecimientos.

Según constató el área de control municipal, ambos inmuebles eran explotados por la misma persona que recién en agosto del 2023 se hizo presente ante el Municipio con el objetivo de regularizar la situación.

Después de ser notificado de las reiteradas infracciones cometidas y la gravedad de las mismas, la propia secretaria de Control y Convivencia Carolina Labayru procedió a denunciar al mismo ante la Unidad Fiscal de Faltas y Contravenciones por la realización de actividades de forma ilegal, pese a las advertencias y clausuras municipales.

Fuente: Rosario 3