Lo que comenzó como un severo cortocircuito entre fiscales en medio de una audiencia con protagonistas de alto perfil es ya un incendio en el interior de Ministerio Público de la Acusación (MPA) delegación Rosario. La fiscal general María Cecilia Vranicich resolvió poner en práctica un proceso de monitoreo, una virtual intervención, por 90 días tres áreas medulares del MPA de Rosario: la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, el Equipo de Trabajo para el Abordaje de Hechos Cometidos con Armas de Fuego (Balaceras) y Homicidios Dolosos. La máxima referencia del MPA encuadró su resolución “en la situación de gravedad institucional que está atravesando la Fiscalía Regional de la Segunda Circunscripción, marco en el cual se han puesto en crisis desempeños y procesos de trabajo fiscales”. ¿El objetivo? “Dar una respuesta unificada, eficiente, eficaz a los múltiples hechos delictivos generadores de violencias altamente lesivas focalizadas en la ciudad y en el departamento de Rosario”, según se explicó en la resolución número 337 con fecha 28 de septiembre.

Las denuncias de los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno contra su par Matías Edery generaron un descalabro político que trascendió la órbita del MPA local. Esto generó un clima de discordia ante la vista pública que incluyó en las últimas horas acalorados cruces verbales entre fiscales de grado en los pasillos del Centro de Justicia Penal (CJP), sin medir la exposición pública. Un severo socavón a una institución que tiene un correlato en la dinámica de los eventos callejeros en una ciudad que al día de hoy cuenta 206 asesinatos en el año.

En este clima de discordia, la fiscal regional María Eugenia Iribarren resolvió separar al fiscal Edery de las investigaciones vinculadas con su informante Mariana Ortigala, quien está imputada desde hace una semana por los fiscales Socca y Moreno como partícipe de una extorsión atribuida al líder de Los Monos, Máximo Ariel “Guille” Cantero, contra el dueño de la agencia de loterías “El califa”. En las últimas horas, luego de conocerse la resolución adoptada por la fiscal general, Iribarren también ordenó a Socca y Moreno que se aparten de la investigación por extorsiones a las agencias de loterías que tiene a Ortigala como una de las nuevas acusadas. Esos legajos quedaron en manos de la fiscal Juliana González.

Desde el 20 de septiembre pasado, cuando se hicieron públicas las denuncias entre fiscales, el MPA fue escenario de una verdadera novela en la que a diario hay una novedad que lo coloca como tema de tapa. El jueves por la mañana las fiscales de Santa Fe María Laura Urquiza y Bárbara Ilera, quienes intervienen en la denuncia de los fiscales Socca y Moreno, ordenaron una Inspección en la oficina de Agencia de Criminalidad Organizada en el Centro de Justicia Penal (CJP) de Rosario. En ese acto le secuestraron el celular a Edery, quien estaba en medio de un juicio contra la banda de Héctor “Gordo Dany” Nogueras y debió salir de la sala de audiencias para entregar el aparato. En su investigación, las fiscales santafesinas estarán bajo coordinación directa del fiscal regional de Santa Fe, Jorge Nessier.

El mismo jueves el abogado de Ortigala, Leonel Daniel Iesari, denunció ante el auditor general del MPA, Leandro Mai, a los fiscales Socca y Moreno, entendiendo que no respetaron el principio de objetividad ni los derechos humanos de la imputada durante las audiencias realizadas el 19 y el 20 de septiembre en el CJP. En esas audiencias, Socca y Moreno brindaron públicamente información sobre el vínculo de informante que Ortigala, quien por aquellos días figuraba como testigo protegida, mantenía con Edery, en el marco de las investigaciones que llevaron a juicio al narco Esteban Lindor Alvarado. Este último terminó condenado a perpetua. El abogado de Ortigala también consideró que los fiscales incumplieron el deber de protección.

Entre martes y miércoles de esta semana, los fiscales Moreno y Socca habían realizado ampliaciones a la denuncia, que en principio era para determinar si Edery había incurrido en delitos de acción pública en base a diálogos “inapropiados” con Ortigala, y este acto procesal pospuso la reunión del auditor general Mai con la Comisión Bicameral de Acuerdo de la Legislatura. Una parte de esa ampliación estuvo motivada en denuncias realizadas por los abogados penalistas Leopoldo Monteil y Evelyn Andriozzi. A partir de esta incidencia, el auditor Mai se presentará la semana próxima en la Legislatura. Acuerdos es presidida por la diputada provincial socialista Lionella Cattalini y la integran sus pares radicales Fabián Bastía, Juan Cruz Cándido y Julián Galdeano, Clara García (PS), Gabriel Real (PDP) y Nicolás Mayoraz (Vida y Familia), además de los senadores Joaquín Gramajo, Rubén Pirola y Alcides Calvo (del peronismo) y Lisandro Enrico (de la UCR).

El decreto 337 con la rúbrica de Vranicich se basa en que “a los fines de evitar mayores consecuencias dañosas para la institución y restaurar la cohesión interna” se debía tomar la decisión de implementar el proceso de monitoreo por 90 días. En mayo pasado, la fiscal general había ordenado la intervención del Organismo de Investigaciones (OI) de Santa Fe, órgano especializado que asiste a los fiscales de toda la provincia en investigaciones complejas, en ocasiones también llamada policía judicial. La medida también fue dispuesta por 90 días. El primer director por concurso del OI, único hasta ahora, fue Marcelo Sain, luego primer ministro de Seguridad del gobierno de Omar Perotti.

Lo que colocó en el ojo de la tormenta a la estructura del MPA, en lo que se presenta como la crisis institucional desde su puesta en funcionamiento el 14 de febrero de 2014, comenzó el lunes 11 de septiembre, un día después de que se dirimieran las elecciones a gobernador de la provincia, con una serie de 43 allanamientos en Rosario, Funes, Rafaela y otras localidades, además del penal de la localidad bonaerense de Marcos Paz, dirigidos contra una organización criminal que se había centrado en lograr que el dueño de la red de agencias de loterías El califa pagara 1.500.000 dólares para poder trabajar sin problemas.

En la pirámide de la banda, los fiscales Socca y Moreno colocaron a Guille Cantero. Por debajo dos células bien definidas. Una integrada por Mariana Ortigala, ex testigo estrella en la causa contra Alvarado, su pareja Rodolfo Felipe, Lorena Córdoba, viuda de David Perona, conocido como el “rey del juego clandestino” en el oeste provincial, y Daiana Micaela “La Diabla” Leguizamón. La otra estaba conducida por Brian Díaz, uno de los hermanos de Maximiliano “Cachete” Díaz. Cachete, condenado hace un mes a 29 años cárcel por reclutar al sicario y conseguir vehículos para perpetrar el ataque extorsivo contra el Casino City Center en el que fue asesinado el apostador Enrique Encino, que recibió un balazo cuando salió a fumar la noche del 11 de enero de 2020. Una semana después de los allanamientos, el 18 de septiembre, en el CJP comenzaron a ser imputadas nueve personas.

Tras la audiencia del 20 de septiembre, Socca y Moreno presentaron una denuncia formal contra Edery para que se lo investigue por la presunta comisión de delitos de acción pública a partir de “una relación impropia” con Ortigala, que era una de las nueve personas que estaban imputando. En la audiencia de ese día, los fiscales mostraron capturas de pantalla y señalaron que Edery habría omitido pasar información aportada por Ortigala de delitos que investigaban otros fiscales. También señalaron que Ortigala accedió a información de procedimientos contra el delito que realizaban otros funcionarios del MPA. Entonces pidieron que se preservaran evidencias que estaban en su oficina y Vranicich dio una instrucción para que se formalizara un Cuij (Clave Única de Identificación Judicial) que diera inicio a un trámite penal en el que se analice la conducta de Edery.

Fuente: La Capital