La Defensoría del Pueblo de Santa Fe le exigió al Ministerio de Educación que fiscalice los aranceles que vienen solicitando los colegios privados de Rosario y la provincia en el marco del proceso inflacionarioque atraviesa el país. Sucedió que padres de alumnos de varias instituciones privadas de la ciudad y de la capital denunciaron el cobro de aranceles que superan, en algunos casos, el 200% de incremento y vulneran así los topes máximos autorizados por la Dirección Provincial de Enseñanza Privada.

El ombudsman santafesino, Jorge Henn, señaló que sólo dos colegios de Rosario y uno de Santa Fe no reciben aportes ministeriales para solventar su actividad, pero el resto cuenta con fondos estatales que oscilan entre el 60% y el 80%.

Justamente en el caso de dos colegios arancelados por el estado es que se dio la situación donde un grupo de padres de alumnos y alumnas tomó la decisión de acudir a la Defensoría al acusar incrementos a su entender abusivos en las cuotas.

En ese marco, explicó que los colegios privados deben proporcionar anualmente un detalle de los aranceles que perciben. Y en caso de que ese aporte estatal alcance el 100%, "no pueden exigir pagos o contribuciones adicionales a los alumnos".

"El incumplimiento de las disposiciones puede llevar a sanciones al director o dueño del establecimiento, que van desde multas hasta la cancelación de la autorización del establecimiento educativo", precisó el ex vicegobernador santafesino durante el período 2011-2015.

En ese sentido, recordó que existe un "tope máximo" permitido para cuotas y aranceles y que los mismos deben publicarse y actualizarse de forma regular. Sucede que existe una ley (Nº 6427) en la que el Ministerio de Educación, a través del Servicio Provincial de Enseñanza Privada (SPEP), tiene la responsabilidad de fiscalizar las instituciones privadas de la provincia.

En tanto, aclaró que ante eventuales acuerdos "extra arancelarios" entre un colegio y la familia del alumno o alumna, el mismo no estará sujeto a supervisión de la cartera educativa provincial. Sin embargo, hizo hincapié en que ese monto adicional no puede afectar el derecho a la educación del alumno o alumna.

A su vez, las cooperadoras o asociaciones de padres/madres de esos colegios "no pueden" exigir contribuciones económicas a los responsables de los alumnos y alumnas. Y en que ese caso deberían comunicarlo al SPEP.

"Si alguien no abone ese monto requerido por el colegio, el alumno o alumna debería tener garantizado el derecho a educarse de la misma manera y con la misma calidad que el resto de sus compañeros", puntualizó.