Por primera vez en 88 años se desarrolla una histórica huelga del sector automotriz en Estados Unidos, uno de los pilares económicos del país.

El poderoso sindicato United Auto Workers (UAW) lanzó un paro de actividades en tres fábricas de automóviles, que congeló las tareas de más de 12.000 trabajadores luego de que no prosperaran las negociaciones paritarias por salarios, en una medida de fuerza que podría desestabilizar el sector e incluso la economía nacional, pero que recibió el respaldo del presidente Joe Biden.

La medida de fuerza comenzó luego de que los contratos laborales expiraran el jueves por la noche. El UAW dijo que las empresas no habían presentado ofertas aceptables, por lo que inició los piquetes en una planta de ensamblaje de General Motors en Wentzville, Misuri; en una de Ford en Wayne, Michigan, cerca de Detroit, y en otra de Stellantis Jeep en Toledo, Ohio.

Las tres fábricas suman en sus líneas unos 12.700 afiliados al sindicato.

La lucha amenaza con provocar precios más altos para los compradores, en momentos en que la inflación volvió a subir en EEUU, además de despertar grandes perturbaciones para los gigantes de la industria del motor. General Motors, Ford y Stellantis, que controla a la marca Chrysler.

En dos meses de negociaciones, los representantes del UAW y los líderes de las “Tres Grandes” no lograron ponerse de acuerdo sobre el contenido de un nuevo convenio colectivo de cuatro años.

“Estamos lanzando una nueva estrategia”, había anunciado anoche Shawn Fain, presidente del sindicato.

El sindicato exige un aumento salarial del 36% en cuatro años, mientras que el ofrecimiento de los tres fabricantes estadounidenses no superó el 20%, según el líder sindical, en un país en el que la inflación persiste.

Los históricos gigantes de Detroit también se negaron a conceder días adicionales de vacaciones y a aumentar las pensiones, proporcionadas por fondos específicos de cada empresa.

El sindicato UAW en total agrupa a 150 afiliados. Fain instó a la totalidad de miembros del gremio a estar preparados para sumarse al paro en función de cómo avancen las negociaciones y advirtió que no se dudaría en prolongar la huelga.

Biden, que el jueves habló por teléfono con Fain y los dirigentes de las automotrices para hacer balance de las negociaciones, respaldó el reclamo de los trabajadores, al asegurar que las “ganancias récord” de los fabricantes de automóviles deben repartirse de forma “justa”.

“Esas ganancias récord no se han compartido de manera justa” con los empleados, expresó Biden en una declaración en la Casa Blanca, instando a un acuerdo que sea “justo y beneficioso para ambas partes”.

Ford, que se había quejado de la lenta respuesta del sindicato a su última oferta, recibió una contraoferta, cuyas condiciones describió como “insostenibles” y anunció que la empresa había “negociado de buena fe en un esfuerzo por evitar una huelga”.

La empresa “sigue absolutamente comprometida a alcanzar un acuerdo que recompense a nuestros empleados y proteja la capacidad de Ford para invertir en el futuro a medida que avanzamos en la transformación de toda la industria” hacia los vehículos eléctricos, declaró.

El jefe de Ford, Jim Farley, acusó a Fain de estar “ocupado preparando una huelga” en lugar de “negociar el contrato” en momentos en que estaba a punto de expirar.

El mismo día, un vocero de General Motors informó que por la mañana se había enviado una nueva oferta al UAW.

“Seguimos participando en negociaciones directas y de buena fe”, aseguró, al tiempo que agregó que “cualquier interrupción tendría consecuencias negativas para nuestros empleados y clientes”.

Por su parte, Mary Barra, directora de GM, defendió las propuestas de los fabricantes, que incluyen “no sólo un aumento del 20% del salario bruto, sino también una participación en los beneficios, una asistencia sanitaria de clase mundial y varias características más”.

La compañía Stellantis, en tanto, señaló en un comunicado estar “extremadamente decepcionada por la negativa de los líderes del UAW a comprometerse responsablemente para llegar a un acuerdo justo”.

Un conflicto social prolongado podría tener consecuencias políticas para Biden, cuya gestión económica es criticada, en particular por la persistente inflación en el país.

Según la consultora Anderson Economic Group (AEG), una huelga de diez días podría representar más de 5.000 millones de dólares en ingresos perdidos para la economía estadounidense.