El juez civil y comercial del concurso preventivo de la agroexportadora Vicentin rechazó la homologación del acuerdo propuesto por la empresa y abrió la vía del cramdown o salvataje, que permite darle continuidad a una empresa a partir de la presentación de ofertas de interesados en administrar la compañía. Este proceso se iniciaría el próximo lunes.

La misma ley de concursos y quiebra contempla que la propia concursada, es decir Vicentin, pueda presentarse en el período de concurrencia (cramdown), que se extenderá hasta fines de septiembre.

Vicentin, la principal empresa agroexportadora de capitales argentinos, entró en cesación de pagos en diciembre de 2019 y en marzo siguiente pidió su concurso preventivo con créditos verificados por casi u$s 1.500 millones.

El juez civil y comercial de la segunda nominación de la ciudad santafesina de Reconquista, Fabián Lorenzini, firmó la resolución que rechaza la homologación del acuerdo presentado por Vicentin para salir del concurso.

La misma resolución abre el período de salvataje y, a la vez, rechaza las impugnaciones a la propuesta interpuestas por el Banco de la Nación Argentina (BNA), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y otros tres acreedores.

El juez argumentó el rechazo al señalar en una resolución de 27 páginas que “el impedimento para homologar surge de la desigual distribución del esfuerzo entre los acreedores y la sociedad concursada”.

La resolución “encuentra fundamento en la existencia de un esquema que genera una transferencia excesiva e injustificada del pasivo concursal sobre las espaldas de aquellos acreedores que no perciben el 100% de sus acreencias dentro de los primeros 365 de la propuesta”, añadió el escrito.

Para Lorenzini, la propuesta presentada por Vicentin, que cubría el 100% de los créditos de 816 acreedores con el pago de Uu$s 30.000, no contempla sin embargo en igualdad de condiciones al resto de los acreedores de mayor monto.

“Se observa un intento por hacer descansar en los hombros de los acreedores, contingencias empresariales inclusive posteriores al concursamiento de la empresa, contrariando así la finalidad económica y social de este tipo de procesos de crisis”, sostuvo el juez.

Vicentin había anunciado en abril que había logrado el consentimiento de una mayoría de acreedores para cerrar un acuerdo de pago para presentarle a Lorenzini con vistas a su homologación. De 1.618 acreedores computables, mostró la aceptación de 1.019 acreedores (63%) que representan el 74% del pasivo computable.

Pero entre los acreedores que lo impugnaron están el Banco Nación, que es al que más le debe en forma individual y que además reviste carácter de privilegiado. También están los bancos Provincia de Buenos Aires y Bice, la Afip, y la firma Commodities, mayor acreedor comercial privado. También el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de Algodón también se opuso.

La propuesta de Vicentin fue pagar en efectivo u$s 30.000 a cada acreedor y un 10% del monto verificado convertido a dólares también en 2023, para efectuar un pago del mismo porcentaje al año siguiente. La propuesta contemplaba también la conformación de un fideicomiso con los créditos y la administración de la empresa a través de tres “interesados estratégicos” (Viterra, Bunge Argentina y la Asociación de Cooperativas Argentinas), quienes se quedarían al final de ese plazo con el 95% de la compañía. En algunos casos suponía una quita del 80% de las acreencias verificadas en el concurso. A un conjunto de acreedores con créditos verificados de entre u$s 7 mil y u$s 8 mil les paga un 400 o 500%. La maniobra fue considerada por los acreedores que la rechazaron como una “compra de votos encubierta” para llegar a la mayoría numérica.

El Banco Nación, por ejemplo, consideró ruinosa la oferta que contenía una "discriminación inadmisible” entre acreedores, ya que propone “la cancelación total de los créditos para algunos acreedores y un ínfimo porcentaje de pago para otros”. En su caso, la quita era del 80% de su crédito verificado.

En el medio también pasaron cosas dentro del grupo de “inversores estratégicos”, ya que se anunció la compra de Viterra por parte de Bunge, consolidando el conglomerado cerealero más grande del mundo.

Por otra parte, la Justicia penal le advirtió a Lorenzini en varias oportunidades que no podía homologar la propuesta concursal, toda vez que el principal activo que la empresa ponía a disposición estaba cautelado en el marco de la causa que se sigue a los ex directivos de Vicentin por estafa. Se trata de las acciones de Renova, la planta aceitera más grande del mundo, que la cerealera de Avellaneda construyó junto con Viterra en Timbúes.

Precisamente, el fiscal de delitos económicos Miguel Moreno amplió ese año la imputación a 13 directivos de la compañía por asociación ilícita y a los ex síndicos concursales por encubrimiento en el marco de la causa por defraudación y estafa que se lleva adelante en la Justicia penal de Rosario.

En agosto, el juez penal de 1º instancia de Rosario, Hernán Postma, le informó a Lorenzini que “los actos procesales tendientes al tratamiento y homologación de la propuesta concursal de Vicentin, comportan la violación de una orden judicial, debiendo abstenerse en forma urgente de continuar con su tratamiento, análisis y homologación”.

La decisión llegó en uno de los momentos en que se preveía que la definición del juez sobre la homologación del concurso.

Imprevistamente, aunque golpeado por una nutrida cantidad de denuncias y advertencias judiciales sobre los riesgos de avalar la propuesta de una compañía que además enfrenta un juicio por estafa, Lorenzini se pronunció por el cram down.

Si bien hasta la propia empresa puede presentarse en esa instancia, los grupos de acreedores que más batallaron contra el continuismo de la vieja Vicentin se mostraron dispuestos a articular fuerzas, junto al Estado, para avanzar con una propuesta de rescate.

En 2022, la actual presidenta de la entidad financiera oficial, Silvina Batakis, se pronunció a favor de “una salida integral” y recordó que el banco es acreedor privilegiado y “tiene la bala de plata pero vamos a esperar a ver qué es lo que dispone la Justicia y encontrar una solución que sea a favor de todos productores y trabajadores”.

También los más de 70 miembros del fideicomiso de acreedores granarios de Vicentin, que reúne cerca del 30% de los créditos de esa categoría, se mostró dispuesta a explorar esta alternativa público privada para rescatar a la empresa de la mano de jugadores nacionales.

Hace poco más de un año, este conglomerado emitió un comunicado en el que insistió con el cram down (salvataje) como salida a la crisis. “Confiamos en este mecanismo que define la ley porque descontamos que hay interesados en continuar con la empresa”, señalaron.

“Quién consiga el apoyo de la mayoría de los acreedores, será el nuevo titular de la firma sin tener de socios a los que generaron el mayor default del agro argentino”, añadieron. En esa línea, destacaron que “los actuales dueños de Vicentin tienen el derecho de competir con el resto de los oferentes”, pero “lo que perderán cuando se inicie el cram down es la protección que les han otorgado hasta hoy el juez y los síndicos” del concurso.

Fuente: La Capital