El robo de cables sigue siendo un tema de preocupación en Rosario, pero en el primer semestre del año las cifras indican que hubo una merma de 40% de los hechos que se dispararon a fines de 2020 cuando se atravesaba lo más duro de la pandemia. Entre las razones, se pueden mencionar la persecución penal de los responsables y las tareas de clausura que lleva adelante la Secretaría de Control en articulación con la Justicia.

Números brindados por la empresa Telecom indican que en Rosario hubo 650 robos de cable en los últimos 4 meses, un promedio de 130 episodios cada 30 días. Desde la compañía telefónica sostuvieron que se registró una baja de casos del 40%, ya que entre octubre de 2020 y marzo de 2023 se produjeron 5.900 hechos, con una media de 218 mensuales. Lo atribuyen a las acciones municipales junto a Fiscalía, y a las condenas que hubo a responsables. El costo de reposición del servicio en los últimos tres años, cuando comenzaron a multiplicarse los hechos, ya asciende a 400 millones de pesos.

Efectivamente, el accionar judicial mostró algunos resultados de forma reciente. Hace poco menos de un mes, en un juicio abreviado, cuatro hombres de 22 a 35 años fueron condenados a tres años de prisión condicional y al pago de costas por el robo de cables telefónicos en la ciudad. Todos fueron hallados culpables del delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda. Los cuatro fueron captados por cámaras sustrayendo 100 metros de tendido en la zona de Provincias Unidas al 2800.

Pocos días antes, el titular de una chatarrería de la ciudad fue condenado por la compra de cables y elementos robados a la Empresa Provincial de la Energía (EPE). El hombre había sido detenido en abril durante una serie de allanamientos que se llevaron adelante en distintos predios donde se encontró material de origen ilegal. También en el marco de un procedimiento abreviado, el juez a cargo de la causa decidió condenarlo a tres años de prisión condicional más una serie de reglas de conductas que el chatarrero deberá cumplir.

Desde la EPE también afirmaron que han bajado los hechos, y mencionaron que tres personas se electrocutaron intentándolo en los últimos meses, lo que también podría haber tenido un impacto en la merma. "El promedio venía en uno por día, y ahora hay uno por semana o hay semanas que no están robando", revelaron.

En tanto, desde la Secretaría de Control y Convivencia informaron que en el último año y medio llevan clausuradas 60 chatarrerías (6 de ellas este mes) y realizaron 31 denuncias penales en operativos conjuntos de las direcciones de Proximidad, Inspección y Control Urbano con el Ministerio de Seguridad de la provincia.

Los motivos de clausuras se fundamentan en la no posesión o exhibición del certificado de habilitación, y en no cumplir con las condiciones de seguridad correspondientes. Las denuncias penales se realizan como consecuencia de la constatación de violaciones de clausuras, y acto seguido se judicializa el caso. Hasta el momento, las causas siempre las ha tomado la fiscalía de Marcelo Vitola, de la Unidad de Faltas y Contravenciones.

Las acciones se llevan posteriormente a la Mesa de Seguridad, en la que participan municipio, provincia y representantes de la Justicia provincial. Con el fin de que se ordenen los correspondientes allanamientos, el Ejecutivo local eleva las denuncias penales a la fiscalía a cargo de Matías Ocariz para su prosecución.

Además de los reclamos que ingresan por la línea telefónica 147, también detectan los casos mediante un trabajo de investigación de la propia Secretaría; y a través de los reportes que señalan empresas como Litoral Gas, Aguas Santafesinas, Telecom y la EPE.

"Ha habido una disminución del 49% de denuncias de los casos, de acuerdo a los reportes que tenemos de las empresas, que coincide con nuestro análisis cuantitativo y con una mayor gestión de recursos en calle para ir en contra de estas situaciones ilegales", detalló la secretaria de Control, Carolina Labayru. Las zonas donde más se detectan estas situaciones, de acuerdo a los registros de reclamos y posteriores constataciones, son los distritos oeste, noroeste y norte.

¿Qué pasa con los metales robados que son decomisados en los allanamientos? La Justicia no tiene estadísticas respecto de cuántos kilos han sido recuperados. Respecto del destino, si es una cantidad manejable, va a depósito. Muchas veces, cuando no se pueden trasladar, quedan en el mismo lugar donde se secuestraron. Por ejemplo, si se trata de una chatarrería de grandes dimensiones donde el proceso de mover todas las piezas es dificultoso, se hace el relevamiento de lo secuestrado y queda allí a disposición de la Justicia interviniente.

Esto quiere decir que nadie puede disponer de ese material sin orden judicial, porque es parte de una investigación en curso. Si se detecta que es trasladado o usado teniendo una orden de no hacerlo, pueden configurarse otros delitos, como por ejemplo el entorpecimiento de una investigación. Pero no se deja un policía en cada lugar para ver si abren de nuevo. Para que se asigne una custodia tiene que ser un caso con alguna particularidad que haga que el fiscal que intervenga entienda que lo amerita.