El Consejo Asesor de la Vivienda denunció una maniobra "engañosa" que vienen llevando a cabo inmobiliarias de Rosario a la hora de ofrecer una propiedad en el mercado. Por eso, alertaron a los locatarios para que no caigan en la trampa y hagan la denuncia. Precisaron que las empresas que actúan de esa manera están "identificadas" en la ciudad y lamentaron "el claro incumplimiento y la falta de ética profesional".

¿Cuál es la "trampa"? Al firmar un contrato sobrevaluado en lo que respecta a la ley vigente, ese valor se aplicará en el ajuste anual contemplado en el Índice de Contratos de Locación (ICL), que regula el Banco Central (BCRA) a partir del relevamiento del Indec y el índice salarial establecido en el Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), que en agosto de este año arrojó una variación interanual del 109%.

"Ese incremento es preocupante, pero tiene que ver con el ritmo de la inflación. Sin embargo, nos preocupa que muchas inmobiliarias formales publican una propiedad con un valor y cuando el oferente se acerca les dicen que ese no es el importe real, pero que se lo van a bonificar por seis meses para después incrementarlo, lo cual viola la ley 27.551", alertó D'Orazio.

En ese sentido, ejemplificó: "Tenemos una inmobiliaria identificada. Lo que hace es publicar un valor de $150 mil y cuando el locatario se acerca a fimar el contrato, figura un importe de $225 mil, es decir, un 50% más, que representa un doble escalonamiento", al confirmar que hay otros cuatro casos que están bajo investigación por la misma maniobra.

D'Orazio recordó que aquel locador que firma ese contrato, debe saber que el Índice de Contratos de Locación (ICL), que se actualiza a los 12 y 24 meses conforme al artículo 14 de la ley 27.551 de contratos de alquiler vigente, tan resistida por sectores de la oposición en el Congreso nacional, impactará sobre ese importe desproporcionado que la empresa inmobiliaria aplicó.

"Esto representa un claro incumplimiento, tanto en publicidad engañosa, falta de ética y responsabilidad empresarial, además de vulnerar un derecho de la persona que alquila", sentenció el representante del Consejo Asesor de la Vivienda.