Durante uno de los últimos fines de semana largo, la directora de una escuela de la zona noroeste recibió un llamado advirtiendo que las puertas del establecimiento estaban completamente abiertas. Cuando la docente llegó al colegio, la imagen con la que se encontró fue desoladora: habían roto varias rejas y los ladrones habían llevado todo lo que encontraron, hasta los acondicionadores de aire. Actuaron a cara descubierta y destrozando a su paso las cámaras de seguridad que se habían instalado poco tiempo antes. Ese fue apenas uno de los más de cien hechos delictivos que se sucedieron en escuelas en el primer semestre del año. Por eso, desde el Fondo de Asistencia Educativa (FAE) reclaman que Educación ponga en marcha políticas para prevenir estos hechos, por ejemplo, conectar las cámaras de seguridad de las escuelas a la central policial para que los agentes puedan actuar inmediatamente cuando se producen robos o destrozos.

"Están atacando a las pocas instituciones que siguen en pie en los barrios", advirtió el presidente del FAE, Rubén Rosa. El Fondo de Asistencia Educativa administra el presupuesto que la Municipalidad destina para contribuir al equipamiento de las escuelas y asegurar el mantenimiento, ampliación o mejoras en los edificios escolares de la ciudad, sean de propiedad provincial o municipal.

Esta semana, el organismo presentó el informe de las actuaciones desarrolladas durante este año. De allí surge que uno de los rubros que se llevó más presupuesto fue la reparación de instalaciones y la reposición de elementos robados. En los primeros seis meses del año ya se invirtieron unos 22 millones de pesos para solucionar las consecuencias de los hechos delictivos que tienen a los colegios como escenarios.

Rosa advirtió que los establecimientos más afectados son los que están por fuera de los bulevares y que los tendidos eléctricos, las bombas de agua, o los conductos de los acondicionadores de aire son los botines más buscados por la presencia de cobre en parte de las instalaciones.

Reponer estos elementos cada vez que se sustraen o se dañan demanda unos 200 mil pesos en promedio. El presidente del FAE ya tiene la cuenta en la cabeza. "El robo de bombas de agua es uno de los más frecuentes y que tenemos que solucionar más rápido porque si la escuela no tiene agua no se pueden sostener las clases. Comprar una bomba nueva cuesta 70 mil pesos, reponer la instalación eléctrica demanda otros 20 mil. Y tenés 50 mil de mano de obra y otros 60 mil para cubrir las instalaciones con rejas para protegerlas mejor", señaló.

Con ese mismo presupuesto, destacó el directivo, se podrían pintar y acondicionar dos aulas completas.

Los robos y actos de vandalismo en edificios escolares se hicieron más frecuentes en los años de la pandemia de coronavirus cuando las escuelas permanecieron cerradas y las clases se desarrollaron en la virtualidad. Sin embargo, el retorno a la presencialidad no redujo la cantidad de hechos delictivos.

Según advirtió Rosa, en abril de 2020, se empezó a registrar un promedio de 20 situaciones delictivas en establecimientos escolares y el número se mantuvo más o menos estable hasta la actualidad. "Pese a que terminó la pandemia, los robos no bajaron", se lamentó.

Por eso, consideró imprescindible buscar mecanismos para prevenir este tipo de incidentes. Por ejemplo, la colocación de alarmas y cámaras en las escuelas, que puedan reportar imágenes y estar monitoreadas por el Centro de Comando y Control del Ministerio de Seguridad provincial.

En el sur provincial hay 900 escuelas de las que más de 300 cuentan con cámaras de seguridad, según datos de la Regional VI de la cartera educativa santafesina. "Estos sistemas pueden disuadir a quien comete un robo, pero no son una garantía. Quizás si estuvieran conectados al 911 y monitoreados, rápidamente se podría mandar un patrullero para evitar que se cometa el delito", apuntó el director del FAE y reclamó "una política seria de prevención".

De acuerdo al balance del FAE, en los primeros seis meses del año se produjeron 106 hechos delictivos en 68 establecimientos educativos. En promedio, cada uno de estos atracos demandó unos 200 mil pesos para poner el edificio en condiciones.

En algunos casos, las pérdidas son mayores. A principios de mayo pasado dos hombres ingresaron a la escuela Gurruchaga, en Salta e Iriondo, de donde se llevaron cámaras de video, proyectores, trípodes de celular, monitores, televisores smart, celulares, teclados, parlantes y auriculares, entre otros elementos que los docentes valuaron en unos 50 millones de pesos. Unos días después, la policía detuvo a una persona que intentaba vender parte del botín por Facebook.

Otras veces, las pérdidas no son sólo económicas. Hace un mes, las autoridades de la escuela secundaria Nº 547 "Héroes de Malvinas", ubicada en Provincias Unidas y Presidente Perón, en barrio Godoy, tuvieron que suspender las clases. Un día antes habían sufrido el robo de los cables de la bajada y el medidor de energía eléctrica. Sin luz, calefacción ni teléfono, los alumnos estuvieron una semana sin clases hasta que la Empresa Provincial de la Energía (EPE) pudo resolver el desperfecto.