Ante el incremento de choferes que se sumaron a la aplicación de traslados Uber, un centenar de titulares de licencias de taxis realizó este viernes una denuncia penal contra la Municipalidad por no controlar ni penalizar a los choferes que trabajan para la plataforma virtual, a sabiendas de que aún no cuenta con una ordenanza acorde a la que se ajustan los taxis y remises en Rosario. Para ello, solicitaron a la Justicia local que investigue si existe la "posible comisión de delito" de las áreas de control del municipio para favorecer a la libre circulación de esta aplicación móvil. "El municipio no nos acompaña y degrada permanentemente al sector taxista", protestaron desde ese sector.

La denuncia fue presentada en el Centro Territorial de Denuncias de Mendoza y Cafferata y lleva la firma de al menos cien titulares de licencias de taxis, quienes hace dos años presentaron un recurso de amparo, el cual aseguran que acompañó también la Municipalidad, pero hasta ahora quedó en stand by.

"La denuncia contra el municipio es por el mal desempeño en los deberes de la función pública, por eso le pedimos a la Justicia para que investigue por qué no hace operativos para las plataformas que no están reguladas; lo cierto es que el municipio legisla y pregona una ordenanza, pero después no la hace cumplir", cuestionó Natalia Gaitán, la presidenta de la Cámara de Mujeres Taxistas.

Al ser consultada por la respuesta del municipio a la hora de reclamar controles, Gaitán sostuvo que desde las áreas de control responden: "Nos dicen es que no tienen personal, no tienen grúa ni policía, y que eso insume muchos costos. Lo cierto es que nos volvieron a sacar esta herramienta de penalización (controles y multas) y tampoco hacen visibles los operativos como sí lo hace el municipio de Córdoba permanentemente".

"Hay insuficiente acción de la Municipalidad, que por un lado exige al taxista unidades nuevas, cronogramas de trabajo a cumplir, registración de sus choferes y mantenimiento y renovación de las unidades, pero permite el avasallamiento de esta plataforma virtual, Uber, que viola permanentemente la ordenanza vigente", cuestionaron y asentaron en la denuncia presentada en el CTD.

"Volvimos otra vez a este vacío legal y la Municipalidad de Rosario no nos acompaña, todo lo contrario: degrada permanentemente a la actividad taxista; no le ofrece créditos para renovar las unidades y sumado a la sobreoferta que arroja Uber pese a ser ilegal, el trabajo bajó a la mitad, lo cual hace que muchos choferes se bajen de las unidades y se queden sin trabajo", cuestionó la taxista

Gaitán recordó que hace dos años presentaron un recurso de amparo cuando la empresa Uber (sin oficinas físicas en Rosario) intentó desembarcar. Ese reclamo judicial, según señaló, fue posterior al presentado por el intendente Pablo Javkin. "Los dueños de licencias notificamos a la Municipalidad, que iba a acompañar al amparo, ya que tampoco pudimos encontrar un domicilio fiscal de Uber", señaló.

Sin embargo, "ese trámite judicial sigue encajonado en un estudio de abogados", apuntó Gaitán para subrayar: "El recurso de amparo quedó en veremos porque Uber no existe en Rosario, pese a que funciona igual y cuenta con choferes que se prestan a trabajar en condiciones precarias".

Según apuntó la denuncia, Uber "desprotege a quienes contratan el servicio, no posee seguro especial para personas transportadas, por lo cual, las personas están indefensas ante cualquier accidente". En cambio, subrayó que "en Córdoba hay operativos en todo momento, con remisión de vehículos al corralón, operativos que luego publica esa municipalidad en sus redes sociales".

Gaitán alertó que desde que desembarcó esta aplicación de forma ilegal, la actividad taxista "bajó un 50%". Aseguró que los choferes migraron hacia otros rubros y por eso tampoco pueden prestar un servicio las 24 horas.

"Realmente no sabemos adónde quiere ir el municipio; el taxi le deja jugosos dividendos a la Municipalidad, podríamos brindar un servicio excelente las 24 horas, ya que si el medio millón de pesos que requiere la renovación de licencias anuales irían a un fondo de explotación, habría suficientes recursos para renovar licencia y lanzar líneas de crédito para brindar un servicio óptimo, pero la Municipalidad prefiere a Uber", cuestionó.

Gaitán también cuestionó al municipio al asegurar que muchas de las mujeres que tuvieron prioridad a la hora de acceder a las 500 nuevas licencias de taxis "están endeudadas y, en muchos casos, son jefas de familias y de hogares; en cambio, sostuvo, no realiza nada para proteger a estas mujeres taxistas contra el avance de Uber, que se encuentra totalmente desregulada y configura una competencia ilegal y desleal".