La Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió las elecciones provinciales previstas para el próximo domingo en las provincias de Tucumán y San Juan al conceder amparos solicitados por partidos opositores, quienes reclamaron la declaración de inconstitucionalidad de las candidaturas de Juan Manzur y Sergio Uñac, respectivamente, en esos distritos, ligados al oficialismo.

En el caso del sanjuanino Uñac, la oposición argumentó que de resultar electo completaría “cuatro períodos”, una duración que prohíbe la carta magna local.

El partido Unidos por San Juan (alianza del PRO y la UCR) presentó una acción declarativa al sostener que la nueva postulación de Uñac viola la Constitución de la provincia. A su vez, sostiene que la habilitación del Tribunal Electoral puntano a una nueva candidatura del actual gobernador desconoce el límite a la posibilidad de la reelección establecido en el artículo 175 de la Carta Magna local.

De esa manera, la oposición sanjuanina entiende que Uñac vulnera el principio republicano de gobierno contemplado en la Constitución Nacional, que exige la periodicidad en los cargos públicos.

Mientras tanto, en el caso de Manzur, el Partido por la Justicia Social, que tiene a Germán Alfaro en su carácter de representante, promovió la acción de amparo contra la provincia tucumana para declarar inconstitucional la candidatura del ex jefe de Gabinete nacional, quien ya cumplió con dos mandatos al frente de esa provincia.

Por su parte, los cortesanos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratnz y Juan Carlos Maqueda sostuvieron que “se encuentra acreditado el peligro que causaría la demora en dictar la medida solicitada” porque “el Tribunal Electoral Provincial oficializó la candidatura del gobernador y lo habilitó para competir en las elecciones que tendrán lugar el 14 de mayo próximo en búsqueda de un cuarto mandato”.

En ese sentido, argumentaron: “Es evidente entonces que ese acto electoral podría producir en breve un trastorno institucional de difícil reparación. Ante ello, esta Corte debe asegurar preventivamente que cualquiera sea la sentencia definitiva que recaiga en la causa, su cumplimiento sea aún posible dentro del sistema representativo republicano que las provincias se comprometieron a garantizar (artículo 5° de la Constitución Nacional)”.

Así, el máximo tribunal suspendió las elecciones y solicitó a los tribunales electorales provinciales que envíen informes sobre las candidaturas en un plazo máximo de cinco días.