"Estas bandas tienen estos tentáculos, que son demostrativos de las patas policiales que siempre las conforman o de otras agencias del Estado que también las apoyan, en este caso es una célula de la banda de Los Monos que se disputa territorio en Ludueña con otra banda rival", explicó el fiscal Pablo Socca, en relación a la trama que reveló la usurpación de una vivienda tras la muerte de su dueña.

"En esta causa tenemos implicados a tres o cuatro policías y ahora tenemos a una empleada del Pami que participó de la maniobra", destacó Socca, en un esfuerzo por dar una idea de cómo cuando se investiga a fondo el crimen organizado en Rosario se revela que en el delito aparecen involucrados integrantes de las bandas narco, miembros de las fuerzas de seguridad e inclusive funcionarios públicos.

Asimismo, explicó que sin esas complicidades es imposible cometer ilícitos con la facilidad que lo hacen en la ciudad. "En este caso la empleada del Pami, madre de uno de los integrantes de la banda, toma un rol activo en la maniobra y le falsifica la firma a la mujer que había fallecido en un formulario y le da a su hijo un instrumento legal que le permite a su hijo la posesión del inmueble".

Como consecuencia de la investigación, dos mujeres fueron imputadas de usurpación junto con dos presos acusados de integrar la conocida “banda de Mauro Gerez”, gestada desde la cárcel para controlar la venta de droga en las calles de barrio Ludueña. Una es Gladys G., la empleada del Pami para ayudar a su hijo Oscar “Nenu” Ramírez a ocupar la casa de una mujer que murió sin herederos. La otra es Sandra W., pareja de uno de los acusados como cabecillas, Andy Fabián Benítez, a quien le atribuyen haber alquilado la propiedad.

Los cuatro fueron imputados como coautores de usurpación pero Gladys G. sumó además la acusación de haber falsificado un documento público para facilitar la ocupación. Las mujeres, que no fueron imputadas como miembros de la asociación ilícita investigada, quedaron en prisión preventiva domiciliaria.

Socca aseguró que los delitos que se les imputan a los acusados “son gravísimos, ya que aprovecharon recursos del Estado con fines ilícitos”.