La saga de violencia que azota a Rosario no se limita a homicidios y lesiones graves en contexto narco. El 34 por ciento de las víctimas de delitos que asiste el municipio son por amenazas de bandas criminales y usurpaciones. Además, casi la mitad de los hechos denunciados se produjeron en las zonas oeste y noroeste, eje del refuerzo federal de esta semana. El abordaje local se hace con equipos interdisciplinarios en base a una norma que aprobó el Concejo para empoderar a las víctimas de la inseguridad.

Los datos surgen de un informe de las situaciones abordadas desde diciembre del 2021 al 28 de febrero de este año por la Dirección de Asistencia y Empoderamiento de las Víctimas (Daev).

Se trata de una dependencia municipal creada por una ordenanza de septiembre de 2016. Fue sancionada por los ediles dentro del paquete de medidas relacionadas con la emergencia en seguridad que le permitió a la gestión que lideraba Mónica Fein celeridad en las licitaciones y mayores montos para gastar en lo relacionado a la seguridad ciudadana a escala local.

En ese entonces, distintas bancadas propusieron sumar desde el municipio un fuerte acompañamiento a las víctimas de los distintos delitos, que ya hace un lustro estaban en franco ascenso en la ciudad.

“Esta repartición surgió dentro de las demandas ciudadanas de lo que fueron las marchas por el Rosario Sangra”, recordó el titular el titular de la Dirección de Asistencia y Empoderamiento de las Víctimas, Martín Illia.

“En un primer momento se trabajó junto al gobierno provincial (del Frente Progresista) en una misma sede física en calle San Lorenzo al 1000, y desde la gestión actual estamos trabajando de manera autónoma en Moreno al 900 dentro de la Secretaría de Género y Derechos Humanos”, agregó.

De acuerdo a la norma, los operadores territoriales de la Municipalidad deben implementar estrategias de restitución de derechos, con el objeto de reforzar las capacidades de las víctimas para atravesar la situación traumática sufrida.

“Es un complemento a escala local, de cercanía de todas las intervenciones que hace el Estado a través del Ministerio de la Acusación, la Justicia y el Ministerio de Seguridad”, resaltó Illia.

En los últimos 14 meses se atendieron en total 521 situaciones. En relación al delito por el cual la situación comienza a ser intervenida por la dirección local, se destaca que el tipo más frecuente son los homicidios dolosos con el 32.9%, seguido de las lesiones graves con el 31%.

Como referencia debe tenerse en cuenta que en 2022 el departamento Rosario tuvo 288 homicidios dolosos y unos 800 heridos graves de armas de fuego. Esto demuestra que, de máxima, menos de la mitad de las familias afectadas por esos delitos llegó a los programas locales de contención y asesoramiento.

Luego aparecen las amenazas con el 16,8%, las usurpaciones con el 10,9% y las amenazas de usurpaciones con el 6,5%. Estos tres delitos totalizan el 34,2 por ciento de los casos que han intervenido con víctimas los operadores municipales.

Se trata de tres delitos que quedaron expuestos con crueldad esta semana en Empalme Graneros tras la pueblada por el crimen de Máximo Gerez: amenazas de bandas criminales a los vecinos de las barriadas populares e intentos de usurpaciones de viviendas para levantar búnker.

“Son delitos que han tenido una mayor participación relativa en los últimos tiempos producto de la dinámica delictiva que se está viendo en los territorios”, apuntó el funcionario.

El acompañamiento desde el municipio a las víctimas de la usurpación surgió en el año 2020 como un subprograma aprobado por el Concejo, a instancias de un proyecto del ex edil Roy López Molina ante la suba de denuncias de ese delito.

En lo que respecta a la distribución territorial de ocurrencia del hecho, el distrito oeste es el de mayor participación, con el 23.2% de los hechos, seguido del distrito noroeste con el 20.7% y el sur con el 20.3%. Con menor participación se encuentran los distritos norte con el 11.5%, el sudoeste con el 11.3% y el centro 4.2%.

En cuanto a la franja etaria, el 25.3% de las víctimas tienen entre 15 y 24 años y el 12.0% del total tiene 14 años o menos. El 50% de las personas atendidas tiene 27 años o menos y la edad promedio es de casi 30 años.

La Dirección de Asistencia y Empoderamiento de las Víctimas es una repartición local creada por el Concejo para empoderar a quienes padecieron un delito grave. Cuenta con apenas 6 empleados y busca un tratamiento de asesoría y contención, cara a cara con los damnificados.

Tiene tres ejes de acción. Por un lado, el asesoramiento técnico jurídico, que consiste en la realización de entrevistas con las víctimas, así como también con fiscalía. El acompañamiento a audiencias, y la explicación de lo pertinente a los procesos.

En segundo lugar, busca garantizar el acceso a la justicia. Se acompaña a las víctimas en la realización de denuncias por parte del equipo; el traslado de información al fiscal e instituciones, la realización de acciones que garanticen el acceso al programa de protección de testigos.

Y en la faz socio-comunitaria, las intervenciones de este tipo tienen como objetivo garantizar a las víctimas y su grupo familiar acceso a derechos básicos salud, salud mental, asistencia. Para ello se gestionan en articulación con otras instituciones de los diferentes niveles (municipal, provincial y nacional) subsidios económicos, y asistencia alimentaria. Además, se posibilita y acompaña en el acceso a diferentes programas y proyectos.

La dirección cuenta con diferentes canales de ingreso para establecer el primer contacto con las víctimas o familiares. El 68,3% de las situaciones que se han abordado fueron a través de derivaciones institucionales, que es cuando una situación es derivada de otros organismos institucionales estatales o no estatales.

Fuente: La Capital