El fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, dijo que el cambio de ministro de Seguridad en la provincia es una consecuencia directa del aumento descontrolado de los delitos, que a su juicio son "cada vez más graves", y de la falta de respuestas de la cartera ante esa problemática que conmueve a los santafesinos. También habló de los delitos que se organizan desde las prisiones y aseguró: "El uso de teléfonos celulares está prohibido en las cárceles"

El desplazamiento de Rubén Rimoldi y su reemplazo por Claudio Brilloni fue, en opinión de Jorge Baclini, una secuela de la falta de respuestas ante la impresionante ola de violencia y de delitos violentos, sobre todo en Rosario.

"El cambio es por la repercusión de los hechos delictivos que cada vez son más notorios, de una gravedad ya inusitada, que van en aumento en cantidad, tipología y calidad", dijo el fiscal general. Y añadió: "Evidentemente, ante la falta de respuestas, se decidió este cambio, lo cual tiene que estar acompañado de un proyecto y un plan específico, porque es necesario consolidar qué es lo que se va a hacer, que es lo que venimos reclamando desde hace tiempo".

Baclini dijo que si no es así, la situación crítica en materia de inseguridad consumirá a cualquier ministro. "Los proyectos tienen que ser superadores, es decir, que no lo planteemos para este gobierno, sino para el próximo y quizás el que viene", sostuvo.

"La crisis de seguridad es cada vez mayor", apuntó. Justificó esta definición con los delitos que se están digitando desde las cárceles, los cuales aparecieron como algo nuevo hace tres años. Estos actos, según el fiscal general, fueron alcanzando masividad, además de estar caracterizados por la falta de control y prevención. "En el MPA empezamos a intervenir luego de la investigación, mucho de estos hechos se esclarecen. Tenemos personas que están detenidas con mayor tiempo de pena, pero los hechos siguen ocurriendo", expuso Jorge Baclini.

Expresó además que hace tiempo la policía necesita una "reforma profunda", aunque sostuvo que esa es una respuesta a largo plazo. "Por eso también hay que pensar en respuestas más inmediatas y directas, es lo que se necesita hoy para dar cierta tranquilidad y bajar la inseguridad que se percibe y se siente", agregó

Además, afirmó: "Es necesaria la reforma de la Justicia Federal para que tenga un sistema de investigación ya más directamente a cargo de los fiscales, del Ministerio Público Fiscal de la Nación, se necesita que la fiscalía nacional se haga cargo de los delitos federales. Por otro lado, hacen falta las fuerzas federales con una presencia mayor en toda la provincia, no solamente en lo que es la prevención, sino que también en términos de generar investigaciones e inteligencia criminal", destacó.

Sobre los teléfonos celulares en las cárceles, dijo: "Están prohibidos. La ley indica que deben instalarse inhibidores de señal para evitar que si algunos celulares pasan no puedan tener conectividad. El nivel de conexión que deben tener los internos con el mundo exterior tiene que ser a través de telefonía de línea regulada por el Estado, no se puede trabajar con la telefonía celular tal cual hoy está pasando. Hay falta de asistencia del Estado en la colocación de los inhibidores. Los controles de los ingresos de celulares en las cárceles es algo que se puede hacer y la incorporación de inhibidores también".