El fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, reveló que las denuncias por extorsiones y amenazas que muchas veces derivan en balaceras “se incrementaron un 50 por ciento” en el último año, y agregó que ese fenómeno de violencia e inseguridad viene en franco ascenso desde hace dos años. “Últimamente han aumentado en porcentajes siderales”, dijo la máxima autoridad del Ministerio Público de la Acusación, el jefe de los fiscales de toda la provincia.

Baclini fue consultado a raíz de la cantidad de este tipo de delitos que se denuncian en la justicia o que trascienden en los medios de comunicación, muchos de los cuales, según revelaron distintas investigaciones, se planificaron desde cárceles.  Baclini confirmó que “hay un incremento del 50 por ciento de los hechos de amenazas y extorsiones en el último período. Esto viene desarrollándose desde hace dos años, que es cuando esta modalidad delictiva comenzó a hacerse más periódica”.

Baclini recordó que, al principio, la proliferación de casos de balaceras obligó a que desde el Ministerio Público de la Acusación se creara una unidad especializada en la investigación de estos casos. Empezó como balaceras, pero luego detectamos que detrás de esos ataques había extorsiones. O se les pedía a las personas que se fueran del domicilio o, como se ve ahora, se les pedía dinero para brindar protección. Son modalidades delictivas que se vienen advirtiendo y que últimamente se han incrementado en porcentajes siderales”.

El funcionario ratificó que la mayoría de las extorsiones y balaceras son pergeñadas “por personas que están detenidas en las unidades penitenciarias".

"Reiteramos lo mismo que venimos diciendo desde siempre: no podemos permitir que desde las cárceles, con el uso de celulares que están prohibidos, se siga orquestando todo tipo de delitos, no sólo las balaceras. Es fundamental que se reaccione y se imponga una política efectiva y que brinde una respuesta, que actualmente no se está dando”, remarcó.

“Hace bastante que viene ocurriendo esto, más de 3 años. No lo podemos permitir. La ley de ejecución penitenciaria prohíbe el uso de la telefonía celular en las cárceles y les pide a los gobiernos que instalen inhibidores de señales. Es una ley nacional, a la que la provincia adhirió. Santa Fe debería cumplir con eso y poner inhibidores en todos los penales”, agregó.

Con relación a la polémica suscitada por el tendido de fibra óptica en los institutos penitenciarios federales, tecnología que podría favorecer la organización de delitos tras las rejas, según advirtió el intendente Pablo Javkin, Baclini optó por la cautela: “Hay que ver para que se utilizará específicamente el tendido de la red digital. Si es para mejorar las audiencias, no tendrá ningún impacto. Si facilita el uso de la telefonía celular será muy crítico. El intendente ha hablado en un sentido preventivo, porque muchos delitos que tenemos en Santa Fe no sólo provienen de las cárceles provinciales sino que también son orquestados por personas detenidas en penales federales”, añadió.

Fuente: La Capital