En las 115 mil verificaciones de instalaciones domiciliarias que realizó la Empresa Provincial de la Energía (EPE) a lo largo de 2022 se constataron 15.555 irregularidades, es decir ausencia de registro en la medición de la energía entregada. Incluso considerando eventuales errores involuntarios o desperfectos técnicos, se estima que el 10 por ciento de los usuarios controlados en los operativos antifraude estaban, hablando en criollo, “robando la luz”. La compañía las denomina “pérdidas no técnicas” y se producen en líneas generales por conexión directa a la red (léase “enganchados”) o por adulteración del medidor.

En otras palabras, uno de cada diez casos dio positivo en términos de fraude durante los procedimientos de rutina del año pasado en jurisdicción de la empresa (en 60 de las 365 localidades de la provincia el servicio es prestado por cooperativas eléctricas y allí la EPE no efectúa este tipo de inspecciones). En total, la prestadora tiene 1.400.000 usuarios y una red de distribución de 54 mil kilómetros de línea.

La información surge de datos oficiales e incluye el volumen total de pérdidas del sistema eléctrico, que en 2022 se ubicó en un 19 por ciento. Más de la mitad (el 55 por ciento) fueron no técnicas, el resto (45 por ciento) son las que se generan “naturalmente” en toda red de distribución por algún deterioro de los materiales que la componen, por ejemplo.

En el primer caso, cuando se habla de pérdida, hay que aclarar que no se trata de energía desperdiciada sino de la que se entregó y fue recibida, pero la empresa no pudo facturar. De allí los intentos de la EPE para reducir, a través de inspecciones periódicas, este agujero negro que repercute en su recaudación y en la calidad del servicio.

A los operativos de control en zonas determinadas se suma la posibilidad de radicar denuncias anónimas por parte de la población, que dispone de una línea telefónica gratuita (0800-555-0083) o de un formulario web.

En este último aparecen como opciones de denuncia una presunta conexión directa, un medidor adulterado e incluso irregularidades de empleados de la empresa. A partir de estas advertencias, las cuadrillas se dirigen a los lugares mencionados y, en caso de verificar cualquier situación antirreglamentaria, proceden a cortar el servicio y a labrar un acta que luego se gira al Ministerio Público de la Acusación. Es que el hurto y el robo de energía son delitos penales. Cuando los autores están identificados, dijeron en el MPA, los casos recaen en la Unidad de Investigación y Juicio de la Fiscalía.

Fuente: La Capital