El 2022 volvió a asemejarse al 2020 en cuanto a la destrucción que sufrió el Delta del Paraná por los constantes incendios en las islas: solo este año ya arrasaron más de 300.000 hectáreas, según el relevamiento semanal que realiza el museo de ciencias naturales Antonio Scasso, de San Nicolás. En ese marco, la Justicia todavía no encontró responsables penales. Es por eso que para intentar abrir otra línea investigativa, el Concejo Municipal firmó un convenio con abogados ambientalistas para constituirse como querellante en las causas que están vigentes y poder aportar elementos que contribuyan a las mismas.

El Concejo firmó un convenio con cuatro abogados ambientalistas para “efectuar acciones judiciales a los fines de denunciar, demandar o querellar a quienes resulten responsables de las constantes y reiteradas quemas que se vienen produciendo en el Alto Delta del río Paraná”, indicaron sobre el convenio, donde se remarca que los incendios “ponen en riesgo la salud, la seguridad pública y la preservación de los humedales y el ambiente”.

Los abogados elaborarán un informe cada 90 días para que los concejales puedan conocer las novedades de las causas en curso o de nuevas presentaciones. Además, tendrán reuniones mensuales la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, y la titular de la comisión de Ecología y Ambiente, Luz Ferradas.

Actualmente hay en curso dos causas, ambas efectuadas a partir de denuncias del municipio: una que se desarrolló en julio de este año y otra, en 2020.

La primera de ellas se presentó a pocos meses de que se iniciara la seguidilla de incendios que viene devastando el ecosistema desde febrero de 2020. Desde entonces, desde la Municipalidad fueron sumando elementos a la causa.

En tanto, la segunda acción se presentó en julio de este año ante el fiscal federal Claudio Kishimoto. Por entonces, junto a la denuncia se presentaron informes oficiales del Plan de Manejo del Fuego donde se detallaba la ubicación de los focos ígneos con la idea de intentar  identificar a los titulares de los campos para que testifiquen sobre los incendios ocurridos en sus terrenos.

En semanas posteriores, desde el municipio también presentaron mediciones de calidad del aire hechas en la ciudad, que dieron cuenta de una degradación notoria del medio ambiente, además de un entrecruzamiento de datos en relación a la repetición de incendios en los mismos lugares.

Durante la segunda mitad de agosto, siete personas fueron detenidas en distintos puntos del Delta del Paraná por iniciar incendios bajo distintos argumentos. Fueron seis apicultores (tres de Villa Constitución y tres oriundos de San Pedro) y un puestero de Victoria.

Hacia fin de agosto, todos fueron excarcelados luego de ser indagados por “incendios y otros estragos dolosos, y delitos contra la seguridad pública”, indicaron fuentes judiciales. Además, les endilgaron delitos culposos relacionados al incumplimiento de una medida cautelar que prohíbe iniciar incendios en las islas, que fuera dictada en 2020.