En procura de elaborar una ordenanza consensuada que permita abordar todos los aspectos a la hora de detectar y prevenir el lavado de activos proveniente de actividades ilegales, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, de la Agencia de Delitos Complejos y Criminalidad Organizada del Ministerio Público de la Acusación (MPA), participaron de la reunión de la comisión de Gobierno del Concejo Municipal. Indicaron que la iniciativa sería de “enorme utilidad”, y valoraron la “innovación institucional” para dar respuesta la problemática”.

La presencia de los funcionarios del MPA obedece a una ronda de consultas, reuniones y mesas de trabajo que articula el Concejo para darle forma a una futura normativa local antilavado destinada a combatir las economías delictivas, que en algunos casos tiene íntima relación con hechos de violencia y extorsión que sacuden la ciudad.

Tras la presentación del proyecto oficial “antilavado” que dio a conocer el intendente Pablo Javkin en abril pasado, la comisión de Gobierno del Concejo, que preside la edila de Ciudad Futura, Caren Tepp, elaboró un plan de trabajo para discutir otras propuestas que la mejoren, y que surgieron en el seno del cuerpo.

A la presencia del secretario de Gobierno, Gustavo Zignago, la titular del departamento Legales de la Intendencia, Juliana Conti, y, hace un mes, la responsable de la Unidad de Delitos Complejos del MPA, Marina Marsilli, ahora se sumaron los fiscales Edery y Schiappa Pietra.

El concejal Pedro Salinas, también de Ciudad Futura, indicó que los funcionarios judiciales se mostraron “expectantes respecto a contar con una normativa que sirva para apuntalar las investigaciones que vienen desarrollando. Estamos trabajando en la redacción unificada de la ordenanza con otros bloques en los mayores puntos de acuerdo”, agregó el edil.

En ese sentido, recalcó que el bosquejo del proyecto se asienta en tres puntos fundamentales: “consagrar el sistema económico financiero con un detalle de rubros y requisitos de los trámites que debe solicitar la Municipalidad; un protocolo de operaciones para detectar inconsistencias o incongruencias en los trámites; y la creación de la Agencia de Prevención contra el Lavado de Activos como autoridad de aplicación, compuesta por profesionales especializados y abocados exclusivamente a esta tarea”.

Para Salinas, los fiscales expresaron su expectativa debido a su experiencia en las investigaciones. “Dijeron que la ordenanza sería de enorme utilidad, porque la Municipalidad cuenta con cúmulo de información que sería medular, y esa agencia de prevención de lavado de activos sería crucial para que ellos puedan complementar sus investigaciones”.

Además, los fiscales consultaron sobre la operatoria de la agencia antilavado y qué potestades tendría. En ese punto se generó alguna discusión sobre las potestades del municipio de colectar y sistematizar la información de la ciudad en relación a datos patrimoniales e impositivos, para luego cruzarla con las solicitudes de habilitaciones de bares, chapas para taxis o la construcción de un inmueble.

“Esa información se puede cruzar y ante una operatoria sospechosa se puede recurrir al MPA, con lo cual a los fiscales se les agiliza el inicio de una pesquisa. Nos aclararon que sería imposible investigar 500 alertas que se detecten administrativamente, pero si la Municipalidad hace un trabajo previo de detección de las inconsistencias, sería un avance significativo”, indicó Salinas.

Y consideró que la mesa de trabajo con los fiscales tuvo un saldo muy positivo. “Hubo beneplácito, y vieron que lo que se está discutiendo tiene buen rumbo. En materia de lavado de activos se está trabajando de manera artesanal en todo el país, porque se trata de un fenómeno muy nuevo. Los fiscales están de acuerdo con que más allá de los alcances del derecho administrativo, se innove institucionalmente para dar respuesta a este fenómeno”.