Una de las iniciativas más ruidosas de la anterior gestión del Ministerio de Seguridad provincial quedó en la nada: la detección de "conductas anómalas en la vía pública" a través de un sistema de reconocimiento facial, que se anunció para ponerse en marcha a principios de 2021, fue descartada. Así lo indicaron voceros del gobierno provincial. La medida iba a financiarse con parte de la multimillonaria partida presupuestaria que enviaría el gobierno nacional a Santa Fe para reforzar la seguridad. La desestimación del uso de este tipo de tecnología se conoce en el marco de la orden judicial para suspender su uso en la Ciudad de Buenos Aires.

En noviembre de 2020, el entonces subsecretario de Seguridad Preventiva, Diego Llumá, había informado que se utilizaría un sistema de reconocimiento facial y "predicción de conductas anómalas en la vía pública de Rosario" para el primer trimestre del 2021. El proyecto se iba a financiar con parte de una partida presupuestaria de 3 mil millones de pesos, destinados a los fondos provinciales para reforzar la seguridad y que anunció el presidente Alberto Fernández en una de sus visitas a la ciudad. Sin embargo, desde el gobierno provincial indicaron que con el cambio de gestión el año pasado, cuando asumió el actual ministro Jorge Lagna, la iniciativa se descartó.

Los sistemas de reconocimiento facial cuentan con información de antemano para identificar patrones. Para estos fines, se analizan rostros que tomen las cámaras de vigilancia y a través de algoritmos se identifican ciertas proporciones de las caras, para determinar si son compatibles con los parámetros que esos sistemas ya tienen cargados; para el caso que se iban a utilizar, las caras de los prófugos de la Justicia que se encuentran en la Consulta Nacional de Rebeldía y Capturas (Conarc).

El sistema se utiliza en la Ciudad de Buenos Aires desde hace varios años, sobre todo en estaciones de tren y subte. Hace menos de un mes, la Justicia ordenó la suspensión del uso de esos sistemas de reconocimiento facial luego de que el juez que entiende en la causa, Roberto Gallardo, constatara que entre abril de 2019 y marzo de 2022 las consultas de datos biométricos realizadas desde el Ministerio de Seguridad porteño fueron 9 millones, una cifra que no se corresponde con la población de individuos requeridos por la Justicia o en situación de rebeldía a partir de una medida judicial, alrededor de 40.000 personas, y que por esa razón figuran en los registros de la Conarc.

La Ciudad de Buenos Aires se convirtió en el primer distrito del país en regular el uso de la tecnología de reconocimiento facial en la vía pública con el argumento de detectar y detener prófugos de la justicia. Sin embargo, hubo casos de falsos positivos y este procedimiento fue objetado por todas las asociaciones y organizaciones referentes en la temática ya que los algoritmos no son neutros ni perfectos y sus modelos se entrenan en base a ciertos criterios y sesgos.